La COVID-19 ha dejado ver que la interrupción del negocio como consecuencia de brotes epidemiológicos está directamente relacionada con las decisiones de los gobiernos de implementar medidas de bloqueo, lo que hace imposible que las aseguradoras modelen y pongan precio a tal riesgo. Asimismo, la naturaleza sistémica de las pandemias provoca pérdidas financieras generalizadas y simultáneas. De ahí que la participación del gobierno es esencial para mejorar la preparación y la resiliencia de las organizaciones ante futuras crisis sanitarias.
Así lo da a conocer en un comunicado la Asociación de Ginebra, que recientemente lanzó el estudio Soluciones público-privadas al riesgo pandémico, que revela que la cobertura para los riesgos de continuidad del negocio pandémicos con límites significativos no estará disponible en el mercado de seguros privados debido a los requisitos de capital extremadamente altos.
En este contexto, la investigación de la Asociación de Ginebra expone cuatro esquemas de financiación ejemplares para el riesgo de pandemia en los que los gobiernos pueden desempeñar un papel de liderazgo:
- Seguro directo: el sector público ofrece seguros voluntarios u obligatorios a las empresas expuestas al riesgo de una pandemia.
- Reaseguro: los gobiernos brindan cobertura de reaseguro a las aseguradoras que se activa por encima de un cierto umbral y hasta cierto límite.
- Seguro social: cobertura modesta del sector público con participación obligatoria a través de pagos previos al evento (por ejemplo, impuestos o gravámenes).
- Protección posterior al evento: una red de seguridad conveniente ofrecida por los gobiernos a los afectados.
Reconociendo que no existe una solución única para todos, el informe evalúa los beneficios de cada esquema frente a siete objetivos de política pública: 1) cobertura máxima, 2) exposición pública limitada, 3) adecuación de los fondos a las necesidades, 4) mitigación de riesgos incentivos, 5) rentabilidad de la transferencia de riesgos, 6) eficiencia operativa y 7) beneficios macroeconómicos.
En relación a ello, Jad Ariss, director gerente de la Asociación de Ginebra, detalló que “es una tragedia que las empresas, en particular las pymes, hayan sufrido tantas pérdidas financieras durante la pandemia como resultado de los cierres, que estaban fuera de su control. El sector público tuvo que intervenir con medidas de socorro de emergencia de varios miles de millones de dólares. Los gobiernos y las aseguradoras deben trabajar juntos para cerrar la enorme brecha de protección expuesta por la COVID-19, con los gobiernos como actores principales”.
En tanto, Kai-Uwe Schanz, jefe de Investigación y Prospectiva de la Asociación de Ginebra y autor principal del informe, subrayó: “Queremos enfatizar que de los cuatro esquemas de seguro de riesgo pandémico descritos y que apuntan a distribuir efectivo después del evento, como lo hicieron muchos gobiernos para la COVID-19, es probablemente una estrategia menos eficaz. Para los otros planteamientos, decidir si la participación es obligatoria o voluntaria, así como el papel de las aseguradoras en la fijación de precios y la oferta de cobertura, son consideraciones críticas”.