Con el propósito de que el sector asegurador tenga una participación mayor en algunos riesgos atendidos por el Estado que representan un gasto importante para el erario, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) le presentó al Gobierno de México la propuesta de transferir los riesgos de invalidez y muerte hacia las aseguradoras privadas mediante un mecanismo equiparable al reaseguramiento, operación con la que se estima que la Administración Federal generaría ahorros hasta por 7,000 millones de pesos anuales.
Esto fue lo que informó en entrevista Recaredo Arias Jiménez, director general de la AMIS, quien subrayó que con dicha iniciativa no se sugiere que se privaticen los servicios de salud, sino simplemente se propone que el seguro social transfiera sus riesgos de invalidez y muerte al sector privado, como ocurre en otros países, pero sin privatizarlo. Con esta medida se obtendrían precios más económicos que los que se generan en la seguridad social que brinda el Estado.
Arias Jiménez indicó que esta propuesta ha sido muy bien recibida por parte del Gobierno, pues la Administración la ve bajo la perspectiva de generar ahorros públicos. El funcionario de la AMIS agregó que para que esto se concrete habrá que hacerle cambios a la Ley de Seguridad Social y ser muy claros en los objetivos que persigue la iniciativa, para evitar que diversos actores puedan interpretar de manera equivocada las intenciones del proyecto.
El director general de la AMIS explicó que la seguridad social en este país es sólida pero al mismo tiempo opera según un esquema que ya está desgastado; y más ahora que hay tantos recortes presupuestales. De por sí la sustentabilidad de la seguridad social es compleja, lo será todavía más si no se ensaya la solución del problema partiendo de la implementación de un esquema de colaboración entre el Gobierno, la seguridad social y el sector asegurador.
En muchos países de América Latina la seguridad social en manos del Estado tiene menos representación que la que se puede lograr por medio de los seguros. Un ejemplo es Brasil, donde casi todo el esquema de salud se gestiona por medio de terceros pagadores. Lo mismo pasa en Chile, Colombia y Perú, donde la totalidad de la salud está subrogada a entidades privadas, apuntó el funcionario de la AMIS. .
Por lo que respecta a riesgos de trabajo, Arias Jiménez dijo también que en países como Argentina, Brasil y Chile todo eso lo desahoga el sector asegurador privado. Ahí casi no tienen seguridad social pública. Imaginemos, expresó, lo que representaría en ahorro para el Gobierno y en primas para la industria el hecho de ir sumando a los resultados todas esas coberturas emitidas que hoy, en el caso de México, no tenemos.
Arias Jiménez dijo que se debe precisar que por ahora la propuesta solamente abarca invalidez y muerte; aunque la AMIS tiene la intención de posteriormente sugerir algunos otros proyectos complementarios de servicio, como, por ejemplo, cubrir gastos de bolsillo (consultas médicas, estudios, medicamentos, etcétera). Todo esto es complejo de implementar de la noche a la mañana; y, aunque tales proyectos adicionales resolverían problemas añejos del Sector Salud, por ahora se requieren muchas horas de análisis y de gestión.
“Pensamos que la forma en que se podrían manejar los rubros que incluye la propuesta es mediante licitaciones por grupos de riesgo; éstos se subastan y se licitan, y así se garantiza que varias compañías de seguros participen. Lo deseable y conveniente para el país y el seguro es que poco a poco la tendencia sea ésta: trasladar al sector aquellos riesgos que podrían ser operados de manera mucho más eficaz por medio del seguro privado”, externó Arias Jiménez.
Un cálculo de cuánto vale todo lo que constituye la seguridad social en el país nos arroja una cifra de alrededor de 5 por ciento del PIB, dijo el director general de la AMIS, e hizo hincapié en que, de ser correcta la cantidad, el Gobierno debería descargar muchos de esos rubros que hoy tanto le cuestan a la hacienda pública en los hombros del sector asegurador, solución que equivaldría a poner el problema de salud en condiciones de ganar-ganar.
Finalmente, Arias Jiménez indicó que en el organismo que dirige se encuentran muy optimistas y confían en que la propuesta se concrete pronto, sobre todo por los beneficios que ésta representa para la economía del Estado. Una razón adicional es que la medida no está condicionada o sujeta a ningún plazo forzoso. Simplemente se trata de que la Administración Federal someta a examen las bondades del plan; y, si comprueba que no logra mejoras en su economía y estrés operativo, sencillamente puede revertirlo.