La mayoría de los gobiernos actuales en Latinoamérica no han dado prioridad a la medición de la educación financiera ni han logrado implementar una evaluación minuciosa de las iniciativas de cultura en esta materia, razón por la que la evolución de los programas sociales enfocados en este fin podría ser deficiente.
Lo anterior se desprende de los datos que publicó el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, por las siglas de su antiguo nombre: Cooperación Andina de Fomento) en su informe titulado La educación financiera en América Latina y El Caribe: situación actual y perspectivas.
El documento, elaborado a partir de una encuesta a escala regional, reveló que existe un margen de mejora en lo que respecta al desarrollo de las políticas nacionales dirigidas a la concientización del uso de herramientas financieras.
No obstante, la publicación también indica que en 80 por ciento de los casos existe algún tipo de cooperación institucional entre las entidades públicas de los países, “lo cual tiene relación con el papel preponderante que desempeñan las instituciones en la promoción de este tipo de iniciativas”.
Los resultados del informe indican que en Latinoamérica solo Brasil cuenta con una estrategia nacional de educación financiera completamente implementada, mientras que Colombia y México tienen un estado muy avanzado de diseño en esta iniciativa y se encuentran a punto de entrar en ejecución; por su parte, Chile, El Salvador y Perú se mantienen en etapa de desarrollo.
El desarrollo de estas estrategias proporciona estructuras eficientes para la operación conjunta entre entidades públicas e iniciativa privada en un plan de trabajo con objetivos claros que permiten un uso más eficiente de los recursos.
“En la región no se le ha dado la prioridad necesaria a la medición de la alfabetización financiera a nivel nacional y a la evaluación exhaustiva de los programas de educación financiera”, establece el reporte del organismo, que además recomienda a las autoridades públicas reconocer la importancia de la medición y la evaluación con el fin de diseñar e implementar políticas y programas basados en la evidencia empírica.
Participación de la iniciativa privada
Existe un margen de mejora en la definición de la función y las formas de participación del sector privado en la educación financiera. Esta oportunidad puede aprovecharse con el adecuado desarrollo de códigos de conducta y una definición clara de responsabilidades.
Así lo estipula el informe La educación financiera en América Latina y El Caribe: situación actual y perspectivas, que sugiere a las instituciones financieras privadas proporcionar los recursos y conocimientos necesarios para apoyar las políticas públicas en este ámbito.
“Además de servir en algunos casos como una red nacional para llegar a todas las áreas del país y garantizar la implementación efectiva de los programas”, añade el estudio.
Para concluir, el Banco de Desarrollo de América Latina analiza la importancia que reviste el hecho de que las instituciones públicas tengan en cuenta las necesidades específicas de la población financieramente excluida, así como de la población rural, e incluirlas en el diseño de sus estrategias de educación en la materia.
“Se deben crear soluciones de política basadas en la evidencia que tengan un mayor impacto en la inclusión financiera y social de la población”, finaliza el documento.