La abrupta irrupción y el rápido y extendido desarrollo de la pandemia de COVID-19 puso en evidencia los déficits de trabajo decente y las debilidades de los sistemas de protección social existentes en América Latina, afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con la nota técnica denominada Protección social en América Latina y El Caribe en tiempos de pandemia, los países de la región latinoamericana como México enfrentan una compleja combinación de desafíos para rescatar los sistemas de protección social, tras una crisis económica con efectos devastadores que sacó a la luz importantes brechas, en materia de cobertura, sostenibilidad y suficiencia.
El documento alerta que las enormes proporciones de la crisis económica, un espacio fiscal escaso y las expectativas que las sociedades tienen sobre la protección social obligan categóricamente a un replanteo de los objetivos de cada nación, en aras de obligatoriamente mejorar los sistemas de protección social instrumentados en América Latina.
“Ante la llegada de una crisis de grandes dimensiones, la protección social fue esencial tanto para cubrir necesidades relacionadas con la salud, como aquellas vinculadas a compensar la caída de ingresos y apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, los sistemas existentes no han dado abasto para satisfacer la demanda”, señala la OIT.
De acuerdo con datos que se desprenden de la investigación, cuando emergió la pandemia desatada por el nuevo coronavirus, la cobertura de protección social en América Latina contributiva era de tan solo 46.5 por ciento. Por si esto fuera poco, añade, la penetración de los seguros de Desempleo ascendía a 17 por ciento, sin perder de vista que entre los mayores de 65 años, solamente 51 por ciento de este grupo etario recibía una pensión.
Para finalizar, la OIT precisa que las dificultades para cumplir con los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad de trabajo digno y protección social se han agudizado, como consecuencia de la COVID-19. Por tanto, concluye, “la crisis ha puesto en evidencia la ausencia de sistemas con una gobernanza adecuada y participación efectiva de todos los actores productivos, los cuales garantizarían la seguridad de los ingresos a lo largo de todo el ciclo vital de la fuerza laboral, pero en especial en edades de trabajar”.