A escala global, la pandemia de COVID-19 provocó consecuencias económicas y sociales sin precedentes. Y en América Latina los pronósticos apuntan a una recuperación del aparato productivo frágil, en la que la vulnerabilidad previa limita la capacidad de las políticas económicas de la región para hacer frente con éxito a esta crisis.
A ello se debe añadir que los niveles de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en la región latinoamericana no han dejado de debilitarse desde el 2015 y no se espera una recuperación hasta 2025.
Ante este panorama desalentador, un grupo de expertos de Mapfre Economics, del Banco de Desarrollo para América Latina y de la Fundación Iberoamericana Empresarial elaboraron un informe que plantea una recuperación basada en reformas estructurales de las economías de la región orientadas a reforzar su eficiencia, competitividad, resiliencia y sostenibilidad.
A continuación, presentamos las principales recomendaciones de los especialistas que evitarían una catástrofe inimaginable en América Latina:
· Reforzar la influencia de la Comunidad Iberoamericana en la Agenda Global, invitando a una mayor coordinación de los cuatro países de la Comunidad participantes en el G-20.
· Utilizar plenamente la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
· Acometer sin dilación un incremento de capital de todos los bancos multilaterales que operan en Latinoamérica, en particular el BID y la CAF.
· Utilizar medidas de expansión cuantitativa por parte de los bancos centrales nacionales que tengan capacidad para hacerlo como respuesta a la caída de la demanda provocada por la crisis sanitaria, condicionadas a la creación de crédito empresarial.
· Extender la red de swaps y repos del BCE y la FED a los bancos centrales de la región, utilizando la intermediación del FMI.
· Avanzar decididamente hacia una mayor integración económica y comercial como la mejor vía para apalancar un crecimiento sostenido en el tiempo.
· Abordar los desafíos pendientes y mejorar los marcos normativos y regulatorios, la gobernanza institucional, el clima de inversión y las nuevas fórmulas de financiamiento para potenciar y generalizar el desarrollo de Alianzas Público Privadas, facilitando así la transición hacia una economía verde.
· Invertir en crear y reforzar los ecosistemas digitales.
· Acometer una reforma de la “segunda oportunidad” empresarial.
· Promover la inversión social y la economía de impacto, el emprendimiento social y la responsabilidad social empresarial para tratar de mitigar los efectos de la pandemia en la desigualdad, la igualdad de oportunidades y la pobreza.