La devastación ocasionada por el huracán OTIS en Acapulco el 24 de octubre de 2023 pone a prueba, tanto la capacidad de reacción del gobierno para solventar la situación tras haber eliminado el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), como la congruencia del discurso político de la administración de la cuarta transformación respecto a: “primero los pobres”.
A dos días de la catástrofe, las aseguradoras pusieron en acción el operativo de su Plan de Atención a Catástrofes, coordinado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), a través del cual se está haciendo el levantamiento de los daños materiales y humanos y trabaja para que la aplicación de la cobertura de los más de 16,000 inmuebles y 20,000 vehículos asegurados sea atendida con celeridad y eficiencia.
El Fonden fue creado para financiar la recuperación y la atención de las consecuencias de desastres naturales en México, y estaba bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, al considerar el presidente Andrés Manuel López Obrador que dicho fondo era un “barril sin fondo” del que se robaban los recursos, que servía para actos de corrupción, y no para atender realmente las emergencias del país y de los damnificados, ordenó su desaparición, por lo que el Fonden quedó oficialmente extinto el 21 de julio de 2021, luego de que la SHCP publicó dicho acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Ante las dudas sobre cómo solventar los daños ocasionados por OTIS, ahora que ya no existe el Fonden, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo De Botton, aseguró que “no hay límites” para atender la emergencia en Acapulco, debido a que hay disponibles 14,278 millones de pesos del desaparecido Fondo de Desastres Naturales para hacer frente a los daños.
La urgencia por reiniciar las actividades comerciales del puerto es considerada de la más alta prioridad, no sólo por lo que la zona hotelera representa como destino turístico, sino también porque la mayoría de las fuentes de empleo de los pobladores está ligada a dicha industria.
En ese sentido, el subsecretario De Botton subrayó que, a pesar de que se cuenta con la cantidad referida para atender la emergencia, no hay límites para respaldar económicamente la tragedia y que buscarán de todas las maneras posibles que se atienda lo que requieren los habitantes de Guerrero.
De Botton explicó que, tras la extinción del Fonden, los recursos se reubicaron en un programa al interior del Ramo 23 y para este año le fueron presupuestados 17,156 millones de pesos. Adicionalmente, se cuenta con recursos por 3,633 millones de pesos, es decir, una suma de 20,789 millones de pesos que permiten reforzar este tipo de emergencias, aseguró.
Con base en lo que hasta el cierre de esta edición se ha podido avanzar en el recuento de los daños en Acapulco, las cifras preliminares estiman que las pérdidas económicas podrían ascender a 15,000 millones de dólares, es decir, 3.5 veces el presupuesto de Guerrero en 2023.
El Gobierno de México, a través del Banco Mundial, dio a conocer mediante un comunicado el 10 de marzo de 2020 la emisión de un bono catastrófico ( CAT bond) que cubre los riesgos asociados a desastres naturales por un monto equivalente a 485 millones de dólares y por un plazo de cuatro años. Los bonos proporcionan cobertura contra sismos de diferentes magnitudes, así como contra ciclones tropicales generados en el Atlántico y el Pacífico.
Los bonos catastróficos son parte de la estrategia para fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas ante eventos extraordinarios, así como para la protección social, ya que permiten atender de manera oportuna las necesidades inmediatas de la población afectada, particularmente grupos marginados, en materia de reconstrucción de la infraestructura y vivienda.
Según el procedimiento, los pagos serán iniciados cuando un sismo o ciclón tropical cumplan con los criterios paramétricos de localización y severidad establecidos en los términos del contrato de los bonos y los realizará el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) al Fonden (hoy extinto) y a través de la intermediación de Swiss Reinsurance Company Ltd y Agroasemex, S.A.
Por su parte, GC Securities, Goldman Sachs & Co. LLC y Swiss Re Capital Markets son los agentes estructuradores en conjunto, así como los gestores conjuntos de la transacción. AIR Worldwide es el modelador del riesgo y agente calculador.
El comunicado también indica que el bono fue emitido bajo el programa de notas de “capital de riesgo” del BIRF, el cual permite transferir los riesgos relacionados con los desastres naturales y otros riesgos de los países en desarrollo a los mercados de capitales.
El bono se emite como “sustentable”, toda vez que los recursos se aplicarán a programas que cumplen plenamente con los criterios internacionales de “ESG”, es decir, que atienden al interés de combate al cambio climático, socialmente responsables y mejoras en la gobernanza de los programas.
Finalmente, el documento refiere que la emisión de estos nuevos bonos refleja el enorme compromiso del Gobierno de México por proteger el bienestar de sus ciudadanos contra las consecuencias de los desastres naturales.