Los sistemas de pensiones en el mundo enfrentan el desafío de evitar que las personas caigan en la equivocada decisión de dejar de ahorrar para su retiro como medida desesperada para hacerle frente a la crisis económica generada por la COVID-19. Otro reto para estos sistemas consiste en alentar a los gobiernos para que flexibilicen su regulación y fomenten programas de empleo y subsidios para trabajadores y empleadores para ayudarlos a aminorar la caída de ingresos ocasionada por la pandemia.
Éstas son consideraciones de Pablo Antolín, economista jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, al exponer en videoconferencia el tema Pensiones en tiempos de COVID-19. Antolín precisó que todos los planes de prestación definida necesitan tener una buena dosis de flexibilidad ante este enrarecido entorno para que en verdad actúen como estabilizadores económicos del mercado.
Pablo Antolín insistió en que la supervisión debe ser flexible y proporcional a la situación que vive hoy el mundo, y sobre todo debe basarse en un análisis de los riesgos que propicie concentrarse en la implementación de una regulación prudencial. Establecer una conducta de mercado que proteja a los miembros contra fraudes y engaños es un mandato esencial inscrito en los códigos de la regulación de la OCDE.
Por otra parte, el representante de la OCDE considera que los reguladores necesitan darse a la tarea de hacer un ejercicio de comunicación e información precisa y clara respecto de sus recomendaciones y expectativas prudenciales para facilitar las operaciones de los gestores, y para que los individuos puedan tomar decisiones con conocimiento de causa.
Antolín consideró de suma importancia hacerle ver a la sociedad que el acceso a los ahorros para su jubilación debe ser el último recurso utilizable para hacer frente a las circunstancias que ha desencadenado la pandemia; de lo contrario, llevar el ahorro al resarcimiento de las pérdidas puede provocar un problema mayor a la hora de jubilarse.
Finalmente, el especialista en pensiones recalcó la importancia de fomentar una relación de franca cooperación entre los diferentes grupos de reguladores y empleadores, ya que de esa manera será mucho más fácil coordinar y compartir, en beneficio de todos, las diferentes experiencias regionales practicadas para afrontar la crisis de la COVID-19. Y citó las cinco acciones que pueden aminorar el daño sobre los sistemas de pensiones:
- Limitar la materialización de las pérdidas de inversión.
- Asegurar la solvencia de los planes de pensiones.
- Implementar subsidios a las contribuciones de los trabajadores que como consecuencia de la COVID-19 presenten una menor capacidad para hacer sus aportaciones.
- Proteger a los individuos y a los gestores frente a los fraudes y engaños cibernéticos divulgando por medio de la web los riesgos a los que están expuestos.
5. Evitar implementar medidas que provean de alivio económico en el corto plazo pero que creen graves consecuencias contraproducentes en el largo plazo. Siempre hay que tener presente que el efecto adverso es mucho mayor cuando el individuo está más cerca de su jubilación. Eso hay que tenerlo muy en cuenta.