Por fin termina el primer semestre del año, que siempre representa una oportunidad magnífica para hacer un recuento de logros y rectificar el camino para acceder a aquellos que parecen aún muy distantes. Durante este año en especial, para los que nos dedicamos a actividades comerciales productivas, esta primera mitad del ciclo ha significado la sobrevivencia a declaraciones, acciones, omisiones y errores de los nuevos representantes del Gobierno, actitudes vacilantes que han redundado en la desconfianza de consumidores e inversionistas. Todo parece indicar que tal recelo en las actividades comerciales desembocará en una contracción de la economía.
Además de todo, la inexperiencia y falta de oficio de los políticos que encabezan el prometido cambio ha permitido que se aprueben en las instancias legislativas temas muy delicados que pueden llegar a afectar a muchos, y que se corrigen, cuando finalmente esto se hace, con la lentitud y apatía que caracteriza a la clase política mexicana desde siempre.
Lo que más ha sonado últimamente es el tema referente a la cancelación o, en el mejor de los casos, disminución de las becas deportivas para atletas de alto rendimiento, desatino que ha provocado una revolución en las redes sociales que muestra, por una parte, la irritación de los afectados, todos ellos prominentes medallistas mexicanos; y, por la otra, la torpeza de las autoridades y legisladores competentes (o incompetentes) asignados a estas tareas.
Por todo lo anterior, mis estimados amigos, el día de hoy los invito a que Charlemos Seguros respecto a las nuevas leyes que se llegaron a promulgar en Ciudad de México, leyes que, de no haber sido derogadas, pudieron haber afectado a millones de ciudadanos que somos dueños de una propiedad y tenemos a bien rentarla para obtener una utilidad lícita sobre la posesión del inmueble.
En términos generales, las nuevas disposiciones preveían toda la protección de la ley para los inquilinos morosos o para los que de plano decidieran dejar de pagar la renta a sus caseros; planteaban la imposibilidad de usar la fuerza para desalojarlos, e incluso la posibilidad de que el dueño perdiera su propiedad en casos extremos. Afortunadamente, la propuesta fue derogada, pero nos dejó ver las intenciones del nuevo gobierno de la ciudad de atentar contra la propiedad privada, y eso es algo realmente muy grave.
Sin embargo, no hay que olvidar que en nuestra noble industria, específicamente en la parte de las fianzas, existen productos encaminados a protegernos contra estas situaciones, y no necesariamente se utilizan frecuentemente, quizá por ignorancia, pero nos evitarían muchos dolores de cabeza si toda la gente los conociera y supiera utilizarlos.
Estoy refiriéndome a las fianzas de Arrendamiento, que pertenecen al Ramo III, de las Fianzas Administrativas. Su función es garantizar a los arrendadores las obligaciones de pago de los arrendatarios de bienes muebles e inmuebles por el uso y goce temporal de éstos.
En el caso de bienes inmuebles, la garantía es sobre el pago oportuno de las rentas establecidas en el contrato de arrendamiento, que puede incluir las cuotas de mantenimiento y el pago de servicios.
Por lo que se refiere a bienes muebles, se garantiza el pago oportuno de las rentas derivadas de contratos traslativos de uso de maquinaria y equipo, así como su devolución.
Volviendo a las perjudiciales iniciativas, a pesar de haber sido aprobadas de manera irresponsable en las cámaras, no prosperaron, y finalmente se cancelaron. Pero la incertidumbre que provocaron motivó que más de uno decidiera vender sus propiedades en la ciudad, por la falta de certeza jurídica que infligen las autoridades.
Por todo lo acontecido, nuevamente se nos presenta una oportunidad formidable para culturizar en el tema de las fianzas, un instrumento que nos permite hacer frente a estos inconvenientes y que resguarda nuestro patrimonio también en el caso de encontrarnos con inquilinos morosos o con personas que de plano pretenden vivir gratis, afectando a los intereses de las personas que honradamente adquirieron una propiedad y decidieron rentarla. Inquilinos conflictivos como éstos existen porque se escudan precisamente en leyes y reglamentos poco claros, lagunas jurídicas y la complacencia de las autoridades.
¡Un abrazo!