Al tiempo de mencionar que las medidas de seguridad sanitaria que se establecieron por parte de la autoridad sanitaria nacional dependen del mecanismo de no salir hacia el espacio público, el secretario de Prevención y Promoción y la Salud, Hugo López-Gatell comentó que “nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas”.
En la conferencia diaria para informar la evolución de la pandemia originada por el coronavirus, López-Gatell indicó que desde un punto de vista técnico de la salud pública, esta no es la forma preferente con la que se puede reducir la movilidad pública por muchas razones; sin embargo, se destacan dos:
“Una, porque la medida o las disposiciones de seguridad sanitaria fueron cuidadosamente diseñadas para que el sujeto de la intervención no fueran las personas; conscientes de que en México la mitad de la población vive al día y de que esto representa una importante motivación absolutamente legítima para desear concurrir al espacio público, pues sabemos que como país tenemos enormes desigualdades socioeconómicas”.
El subsecretario explicó que la intervención está dirigida a los elementos estructurales que hacen que las personas se muevan, trabajar, ir a la escuela o llevar a los hijos a la escuela o tener actividades recreativas; y el sujeto de la acción son los trabajos, las escuelas y los espacios recreativos, no las personas. Esto es una intervención que es más útil cuando se dirige a estos determinantes estructurales que cuando se intenta dirigir a las personas.
“El segundo aspecto es que cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva llega la intención de utilizar a la fuerza pública y como consecuencia no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención”, refirió López-Gatell.
El representante de la dependencia federal detalló que tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que ocasionaría es el riesgo de contagios para los funcionarios que participan en la fuerza pública, por ejemplo, los policías municipales. Y si además se hiciera el arresto de la persona y se le dispone en una zona de reclusión, el riesgo se incrementa aún más.
En tal sentido, refirió López-Gatell, la salud pública no es cualquier cosa, es científica, se planea y se diseña con base en evidencia. No se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas.
“No hay que perder de vista que no existe un estado de excepción en México. En ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. De manera explícita en el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces, no existe una justificación legal para este tipo de medidas”, concluyó.