Las amenazas cibernéticas son una realidad que va en constante aumento. De acuerdo con Fortinet, México registró un total de 94,000 millones de intentos de ciberataques en 2023, siendo uno de los países más atractivos para los hackers dada la poca regulación sobre el tema comparativamente con economías como la europea o nuestro vecino del norte.
Así lo refiere en un comunicado INTERprotección, que añade que la transformación digital y la interconexión son inevitables, por lo que la ciberseguridad se convierte en un imperativo para resguardar la integridad de las empresas.
La información destaca además que el costo promedio de un ciberataque en el mundo es de 4.4 millones de dólares, mientras que en Latinoamérica es de 3.6 millones (según encuesta de IBM).
“Un ataque puede bajar el precio de la acción de una empresa, por lo que debe ser una preocupación del Consejo Directivo”, comentó Oscar Currea, director de Líneas Financieras de INTERprotección.
Currea agregó que “para 2027, los ciberataques podrían costar 23 trillones de dólares., que significa
que los ciber riesgos son cada vez más complejos, ya que hoy en día todo está interconectado”.
La solución: empresas y clientes asegurados
En este sentido, INTERprotección, el bróker de seguros más grande de Latinoamérica, reconoce
la importancia de que las empresas estén protegidas ante todo tipo de riesgos. De ahí su interés por promover el seguro contra riesgos cibernéticos, diseñado específicamente para salvaguardar los activos e intereses de la empresa y de sus clientes en caso de un ataque cibernético, cubriendo pérdidas propias y daños a terceros.
En más información, detalla que un seguro de este tipo comienza a cubrir desde el momento en que se detona el ataque hasta la recuperación y remediación de los daños, incluyendo:
– La contratación de un tercero que gestione, contenga y detenga el ataque.
– La pérdida financiera que se genera por la interrupción de negocio, al tener todos los sistemas apagados.
– En caso de una extorsión cibernética, cubre el pago de rescate y de negociadores profesionales.
– Los gastos por investigar el incidente y hacer el proceso de remediación de los datos perdidos o daños.
– Los perjuicios, multas, gastos de defensa, indemnización y/o demandas que puedan surgir al haber habido una violación a la seguridad de datos.