De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020, dado a conocer por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México se encuentra entre los países con mayor índice de impunidad a nivel mundial, ocupando el lugar (en orden ascendente) número 60 de 69 países estudiados.
La investigación tiene como objetivo el visibilizar cuantitativamente el problema global de la impunidad y su relación con otros fenómenos complejos como la desigualdad, la corrupción y la violencia.
En 2015 -fecha en que se realizó el estudio por primera vez-, México ocupó el lugar 58 de 59 casos estudiados y en 2017 el 66 de 69 casos; por lo que, a pesar de ser uno de los territorios más afectados por este tema, se nota una ligera pero importante reducción de impunidad; sin embargo, luchar contra ella debe ser una prioridad para el país.
El análisis refiere que el déficit estructural en el sistema de justicia mexicano señala la urgencia por incrementar el número de jueces (hoy se cuenta con un promedio de 2.17 jueces por cada 100,000 habitantes), lo que se traduciría en una mejora de las capacidades de impartición de justicia, mejores valoraciones en materia del número de personas encarceladas en espera de sentencia y sobrepoblación de cárceles.
En cuanto a la estructura del sistema de seguridad, el índice muestra que hay 347.76 policías por cada 100,000 habitantes; cifra que, aunque resulta mayor que el promedio de los 69 países estudiados, no se traduce en capacidades efectivas de la polícia.
Por otra parte, el reporte señala que la precaria situación en materia de derechos humanos representa un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que hay en el país; por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir estos altos índices. Ejemplo de ello puede ser el dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad y justicia para poder así ver reflejado un aumento en sus capacidades humanas, infraestructura y profesionalización.
La mejora de las capacidades del sistema de justicia es una clave para la reducción de niveles de impunidad que hasta ahora son extremadamente altos, pues un sistema de justicia deficiente trae consigo acceso desigual a la justicia, la permisión de procesos de doble victimización, la imposibilidad de enfrentar la inseguridad pública a través de las instituciones encargadas de ello, por mencionar algunos ejemplos.
Además, no se debe dejar de lado la existencia de sistemas de seguridad locales y federales mal preparados, con capacidades desiguales y con deficiente funcionamiento, así como sistemas de justicia colapsados y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas externos.
Por último, el índice cita que existe una tendencia al populismo punitivo que reivindica penas más fuertes y prisión preventiva oficiosa como una medida para reducir la impunidad.
De este modo, para hacerle frente a los altos niveles de impunidad en México, es necesario mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de justicia y seguridad, así como brindar una protección más efectiva a los derechos humanos, apostar por aumentar las penas y permitir prisión preventiva para más delitos supone, por el contrario, reproducir ciclos de impunidad que tendrán un efecto negativo en la población socioeconómicamente más vulnerable.