LOS SEGUROS que se promueven con forma de pago vía descuento por nómina tienen su principal mercado en el sector público (pregúntele a MetLife), una excelente forma de brindar protección accesible no sólo por su tarifa como tal, sino por la forma de pago, en “abonos chiquitos”.
ESAS PÓLIZAS son contratadas voluntariamente por cada servidor público, y se pagan efectivamente desde su nómina quincenal o mensual, como sea el caso. En consecuencia, no le cuestan al erario. Así, en principio, no debe haber preocupación alguna por su continuidad ante las medidas de austeridad republicana que está poniendo en práctica la nueva Administración Pública.
AUNQUE LA DECISIÓN de asegurarse es de cada servidor público, y tomando en cuenta que cada quien se gasta o invierte su dinero en lo que le viene en gana, se han dado casos en que se han suspendido las facilidades de pago que representa deducir del sueldo quincenal la fracción de prima correspondiente.
PONGO POR EJEMPLO la administración del fallecido exgobernador de Puebla, Moreno Valle. Cuando se hizo del poder en esa entidad, tomó rápidamente varias medidas en diferentes ámbitos. Una de esas medidas fue la suspensión de la venta de seguros vía descuento por nómina. ¿Las causas? Una: las disposiciones de protección al salario relativas al tope de 30 por ciento en los descuentos a los trabajadores; la otra: dijo que la actuación de las aseguradoras no era profesional y que se había abusado de los servidores públicos.
SIMILAR POSTURA ha tomado en varios estados (¿o en todos?) la Secretaría de Educación Pública: ¡no más promoción de seguros a los maestros! Este caso es interesante, pues aun con esa declaratoria en muchas partes se siguen promoviendo esos seguros. Se basa la medida referida en que “se les quita el tiempo a los maestros y se les vende con engaños”, según el punto de vista de la SEP.
EL PANORAMA EMPIEZA a tomar tintes de incertidumbre. Veamos las causas. La primera, la que se refiere al tope de descuentos, emana de una política pública de “protección al salario”. Esta medida tiene dos ángulos fundamentales: el excesivo paternalismo del Estado, que trata a los empleados como menores de edad y les corta de tajo la libertad de hacer con su dinero lo que se les antoje, así sea la protección de sus bienes, su familia y los gastos de salud; pero también, hay que reconocerlo, la clara ineptitud de la mayoría de los asalariados en cuanto a la administración de sus ingresos, pues gastan en cosas superfluas, lo que trae como consecuencia que de pronto no alcanza para lo básico.
COMO PUEDE VERSE, la medida es arbitraria a todas luces, pero parece que los trabajadores se la han ganado por quejarse de que no hay dinero que alcance, cuando se lo gastan en papas, refrescos, panecillos y otras golosinas, en vez de destinarlo a comida, sea ésta de carácter general, vegetariana o vegana, salud y educación; casa, comida y sustento, pues.
LA SEGUNDA CAUSA es la relativa a que las aseguradoras “han engañado o abusado de los trabajadores” con promesas no cumplidas, aumentos anuales (lo que a la larga puede golpear el famoso 30 por ciento), emisión de pólizas que no autorizaron, oferta de un dinero anual llamado dividendo que a la larga resultaba contraproducente y un largo etcétera, que incluye el extremo de que se llegó incluso a fincar responsabilidades a algunos despachos otrora respetables, por supuestas malas prácticas.
EL ACTUAL GRUPO en el poder, es fiscal, juez y verdugo de todo lo que huela a dinero, y más si consideran que puede tomar el control de ello. De modo que no tarda en voltear hacia las operaciones de descuento por nómina, ¡y vaya usted a saber qué se le ocurrirá al respecto! Esperemos que no sea así.
PERO EN VÍA DE mientras, nuevamente es momento de revisar cómo se ha comportado realmente el sector en ese tema, no vaya a ser que salgan con aquello de que “por el bien de los empleados” se tomen medidas con consecuencias nefastas para ese instrumento de protección individual, con beneficio extensible a la economía nacional, llamado seguro.