Hemos atestiguado la degradación de herramientas e instrumentos de protección financiera dirigidos a entidades y organismos de la Administración Pública, y me refiero no solo a los bienes patrimoniales, sino también a los correspondientes a los programas institucionales para los servidores públicos.
El ahorro mal entendido, la Austeridad Republicana interpretada a conveniencia, los subejercicios matizados de ineptitud han lanzado a la barranca del desprecio el trabajo de más de un cuarto de siglo de muchos y muy avezados expertos en la materia.
En anteriores participaciones manifesté la inconformidad de un importante grupo de participantes en el mercado respecto al maltrato que la actual Administración ha dado a la figura de asesor; en nuestro caso particular, el asesor externo de seguros, maltrato que lamentablemente ha permeado y acecha ahora a las aseguradoras.
El golpe se venía preparando. El titular del Ejecutivo señaló el 7 de octubre de 2020 que los fideicomisos, incluido el Fonden, desaparecerían “porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica; bueno, ni tan chica para funcionarios que compraban de todo sin licitar”.
Vale la pena recordar que el Fonden operaba de la mano con los esquemas de transferencia de riesgo. Solo por señalar, en el Capítulo I de los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, Disposiciones generales, numeral 2,V, se define la Estrategia de Gestión Integral de Riesgos como “proceso de planeación, organización e instrumentación de un esquema de administración de riesgos incluyendo el diseño de los instrumentos financieros para su transferencia; su fin último es la previsión, reducción y control priorizado y permanente del riesgo de desastre en la sociedad”.
En este punto reitero que en específico para la Administración Pública el instrumento financiero por excelencia para transferir el riesgo es un Programa de Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales.
Adicionalmente, el apartado relacionado con el “Procedimiento para atender la infraestructura federal” hace referencia a la coadyuvancia del sector asegurador con el Fonden, por medio de la hipótesis de recuperación derivada de una indemnización por seguro, al señalar: “En caso de daños a la infraestructura federal que se encuentre asegurada, la Dependencia o Entidad Federal sólo podrá solicitar acceso a los recursos del Fonden por la diferencia entre la suma asegurada y el monto total de los daños una vez que la primera haya sido agotada”.
Por último, el ya señalado ordenamiento establece claramente no solo la existencia sino la relevancia de las figuras de asesor externo y de aseguradora, en el Capítulo VII “De los Soportes para la Transferencia de Riesgos”, al facultar en el numeral 35, segundo párrafo:
“El Comité Técnico podrá autorizar la erogación de recursos para la contratación de expertos en materia de administración y transferencia de riesgos que lo apoyen en la realización o revisión de las acciones citadas en las fracciones I a III del numeral siguiente”. Es clara la referencia al asesor externo en materia de seguros.
Además, en el numeral 36, III, se habla puntualmente de la transferencia de riesgo: “En un plazo de hasta tres meses contado a partir del cumplimiento a lo establecido en la fracción anterior, la Entidad Federativa deberá definir un esquema de administración y transferencia de riesgos que sea apropiado para los bienes bajo su responsabilidad, atendiendo a la identificación de aquellos riesgos susceptibles de ser retenidos y aquellos que pueden ser transferidos”.
La desaparición del Fonden orienta a dejar a total arbitrio de “alguien” la determinación de instrumentos relacionados con la administración y transferencia de riesgos o, en su caso, la retención de éstos bajo reglas, desde mi punto de vista y hasta el momento, opacas casi al punto de parecer inexistentes.
Y, si la amenaza pasó del velo a una franca y abierta intimidación, apenas el 20 de julio de 2021, a la par de la intención del presidente consistente en desaparecer un importante número de organismos autónomos y descentralizados, viene la ocurrencia de crear la “nueva aseguradora del Gobierno” para, según la amplia visión de estadista del Ejecutivo Federal, “asegurar todo”; pero no se detuvo ahí. Además señaló: “Vamos a tener un remanente para hacer frente a gastos de contingencia. Con ese remanente, que antes era la utilidad de las aseguradoras, se va a crear el fondo de contingencia de desastres naturales”. (¿Qué no ya lo teníamos?)
Caemos de nuevo en los vicios de la concentración y centralización de los factores financieros, ya que también tenemos en ciernes la propuesta de Raquel Buenrostro con la reforma financiera que tanta tensión ha generado, sobre todo en el sector bancario.
Recordemos que la última aseguradora estatal (Asemex) que colocó Daños tuvo que venderse después de la crisis económica de 1994. El origen de dicha transacción fue el requerimiento mínimo de inyección de capital por 1,000 millones de dólares estadounidenses, de aquel tiempo, para mantenerse a flote (lo que evidenció la gran incapacidad de gestión del Gobierno en negocios denominados “productivos”).
Con estos antecedentes, el futuro no pinta halagüeño. El Gobierno históricamente ha sido muy mal administrador. Ejemplifiquemos con Pemex y la degradación de su papel de deuda a nivel “basura”. ¿Otro ejemplo? La pésima gestión y resultado de la Comisión Federal de Electricidad, con argumentos inverosímiles para justificar su inoperancia. No esperamos más que un milagro para que la seguramente denominada (y me adjudico la denominación) “Aseguradora Bienestar” opere en niveles que garanticen cobertura, solvencia y certeza al patrimonio de todos, al patrimonio de la nación.
¡Te lo aseguro!