La legalización de los autos popularmente llamados chocolate” representa una amenaza grave para la economía, el medio ambiente y los empleos, además de que atenta seriamente contra la recuperación del sector de la industria automotriz, que es clave para el país, advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
En ese contexto, las cifras más recientes relacionadas con la fabricación de autos dadas a conocer por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reflejan una caída del 39 por ciento en las ventas del mercado nacional. Por ello, la Coparmex considera que la regularización de estos vehículos se convierte en un duro golpe al sector del ensamblaje, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia.
Según la AMDA, en México se vendieron 428,312 vehículos ligeros entre enero y mayo del 2021, cifra 19.8 por ciento menor a los niveles de ventas registrados entre enero y mayo del 2019. La producción total de vehículos ligeros está actualmente 19.7 por ciento por debajo de los niveles vistos en el mismo periodo previo a la pandemia.
Legalizar los autos irregulares (de procedencia incierta; a menudo obsoletos y más contaminantes por ser antiguos; y difícilmente asegurables por no estar garantizados por una marca ensambladora reconocida) implicaría cohonestar el contrabando y fomentar la competencia desleal contra una industria estratégica para México, como la automotriz, que además ha quedado gravemente afectada por la pandemia.
La Coparmex considera que no es adecuado hacer depender la recuperación de la industria automotriz de México del repunte del sector estadounidense, que se prevé que ocurra hacia finales de 2022. Tampoco hay que perder de vista, dice el organismo, las presiones que enfrenta dicho sector, como el incremento del precio del acero (que recientemente alcanzó su mayor nivel en siete años), el desabasto de semiconductores (chips) en el mercado global o los procesos laborales para renovar contratos colectivos entre sindicatos y empresas como parte de lo establecido en el T-MEC, explicó el ente patronal.
La Coparmex advierte asimismo que casi dos millones de empleos vinculados a la fabricación de equipo de transporte y a su comercio al mayoreo y menudeo se verían en riesgo dada la posible contracción del mercado interno.
Por otra parte, la Coparmex agrega que se prevé una caída en la recaudación de impuestos, ya sea porque los fabricantes dejen de pagar IVA e ISR ante los recortes en la producción que tendrían que hacer por una menor demanda de autos nacionales o porque quizá haya una contracción en la captación del ISAN, impuesto que los compradores de vehículos nuevos tienen que pagar y por cuyo concepto se recaudaron en 2020 poco más de 11 000 millones de pesos.
Por lo que respecta a las afectaciones al medio ambiente, para la Coparmex resulta incongruente que las autoridades promuevan acciones como el programa Sembrando Vida y de forma paralela alienten la importación de automóviles que por sus elevados kilometrajes y antigüedad son altamente contaminantes.
La Comisión Ambiental Metropolitana tiene registros de que en algunas zonas del valle de México las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60 por ciento de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10), y lo más grave es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren en nuestro país 14,700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación.
Ante este complejo panorama, la Coparmex hizo un llamado al Gobierno para que implemente una política orientada a incentivar sistemas de transporte público más eficientes y sostenibles, en lugar de regularizar autos de dudosa procedencia cuya antigüedad promedio ronda los 15 años y que no cumplen con las normas vigentes de protección medioambiental, como la NOM-042-Semarnat-2003 y la NOM-044-Semarnat-2017.
Otro riesgo que subraya la confederación de patrones de este país es el relacionado con la seguridad de las personas: muchos de estos vehículos, puesto que son desechados o tuvieron siniestros en su país de origen (Estados Unidos, Canadá o Centroamérica), no garantizan los estándares mínimos de seguridad vehicular, lo que pone en riesgo a los usuarios del auto y a las personas del entorno.
Por último, el organismo cúpula de los empresarios agrega que otro riesgo vinculado a la legalización de estos autos es que se ampliarían los márgenes de operación de grupos de traficantes de vehículos, lo que dañaría aún más a las entidades fronterizas. Muchos de estos autos, que circulan con placas vencidas de Estados Unidos, lo hacen portando “acreditaciones” o identificaciones provisionales de alguna de las decenas de organizaciones civiles que prometen legalizarlos. Sin duda, la regularización planteada sería finalmente un mecanismo para legalizar la corrupción.