- TE LO ASEGURO
Por: Hugo Silva / hsilva@globalab.com.mx 
Dudo que alguien se atreva a minimizar el impacto de la coyuntura electoral en la que se encuentra inmerso el país. La mayoría de los procesos de contratación a cargo de la administración pública se encuentran aletargados, como si los participantes en ellos transitaran agazapados en medio de un intrincado campo de zarzas para evitar raspones innecesarios, marcas perennes que evidencien a sus poseedores como simpatizantes de un color u otro.
Los especialistas en contrataciones públicas seguramente coincidirán en que el primer trimestre del año es, por excelencia, intenso en contratación pública. Sin embargo, y atendiendo a los preparativos para el “round final” (electoralmente hablando), apreciamos un innecesario sigilo por parte de los operadores responsables de iniciar los diferentes procedimientos, fenómeno del cual evidentemente no escapa el sector asegurador.
En general, las señales son interpretadas con incertidumbre, generan temor, dan paso a la cautela y desincentivan en cierto grado a uno de los actores principales de la fórmula: el licitante; en nuestro caso, el sector asegurador.
Asociaré estas primeras reflexiones con la propuesta que puse a consideración en mi anterior entrega, la cual, como seguramente recordarán, consistía en eliminar o modificar el sentido de la “investigación de mercado” como fase indispensable del proceso de contratación pública.
Argumenté que dicho ejercicio resulta insulso y actualmente carente de peso específico, ya que las aseguradoras han apreciado que en elevado porcentaje tal práctica es utilizada por la dependencia que la solicita solo para “llenar el cuadro”, exclusivamente para cumplir el requisito que marca la ley. Como efecto asociado directamente a este ejercicio, se manejan ofertas indiscutiblemente inaceptables, o bien la mayoría de las invitaciones se declina aguardando la publicación de la licitación.
Ante la evidente transición en la administración pública, se exacerba en los servidores públicos la paranoia por demostrar transparencia en los procesos de contratación, todo con el propósito de cerrar de la mejor manera posible el último ejercicio del sexenio, lo que, asociado a requerimientos banales, genera prácticas condenadas al vacío.
Ahora más que nunca es importante ―indispensable, para ser preciso― hacer del conocimiento de los diferentes niveles de Gobierno que un análisis serio de coberturas, propiedades y riesgos a los que se encuentran expuestos tales bienes representa importantes costos para el sector asegurador.
Habría que crear conciencia de que, si bien dichos costos se encuentran indexados al procedimiento y por definición considerados y absorbidos por quien decide participar (es aquí donde considero que asoma el punto medular del planteamiento), es imperativo que dicha participación implique el hecho de poder hacerlo con posibilidad real de ser adjudicatario, mediante propuestas que se apeguen a los requisitos técnicos exigidos, con sensatez y correlación en la retribución económica.
Es momento de solicitar la reorientación de criterios (que no reformas) para interpretar la LAASSP (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) y su reglamento, con el objetivo de fortalecer la investigación de mercado como herramienta base del criterio no solo para determinar los precios no aceptables (fracción X, artículo 2 de la LAASSP) o los convenientes (fracción XI, artículo 2 de la LAASSP), sino para elegir a los licitantes capaces de proporcionar el bien o servicio en condiciones idóneas de precio y calidad.
Para ejemplificar, propongo que, una vez efectuado el análisis del resultado que arroja la investigación de mercado, se considere a los licitantes que hayan presentado las mejores ofertas para ulterior invitación a participar en el proceso de licitación. En este punto se nutre el numeral II del artículo 26 de la Ley, es decir, se otorga verdadera relevancia al procedimiento de contratación mediante la “Invitación a cuando menos tres personas”.
Salvo mejor opinión, es necesario hacer una pausa para agradecer sus comentarios a las entregas anteriores. Ha sido una experiencia enriquecedora que, además, refuerza mi compromiso de proponer y ofrecer respuestas a sus atentas sugerencias.
Sobre el particular, me referiré a un comentario en el que se manifestó desacuerdo con mi aseveración de “piso parejo” en las contrataciones públicas. Como respuesta, considero indudable que los mecanismos de control y transparencia en los procedimientos de contratación se encuentran razonablemente definidos, aunque son perfectibles (como todo), y también indudable para mí es el hecho de que la mayoría de los servidores públicos vela por el legítimo interés de las dependencias u organismos a los que pertenecen.
No obstante, y como lamentable excepción que confirma la regla, al licitante que tenga fundadas razones para extrañarse por el rumbo del procedimiento lo invito a acudir al Órgano Interno de Control (OIC), adscrito a la dependencia que lo publicó, para manifestar su desacuerdo y anteponer lo que a sus intereses convenga.
Garantizar la transparencia y honradez es tarea de todos. ¡Se lo aseguro!