En el momento en que esta publicación vea la luz habremos cumplido los primeros 45 días de la “Cuarta Transformación” entre pleitos barriobajeros, madrugadoras conferencias de prensa, desatinos al etiquetar partidas presupuestales, errores en las convocatorias (“Secretaría de MARIANA”) y tragedias que viajan en helicóptero o merodean entre callejuelas de recónditos municipios en Oaxaca.
Procurando objetividad, y en apego al compromiso de llevar un estricto seguimiento de las acciones de Gobierno, plantearé las que, hasta ahora, considero relevantes:
Las cosas buenas: una intención muy clara de sumar a los sectores vulnerables a un proceso de recuperación económica no asistencialista. De ahí nace —entre otras— la convocatoria efectuada por el señor presidente apenas el primer día hábil de este año, en la correspondiente conferencia de prensa, dirigida a jóvenes cuya edad oscile entre 18 y 30 años para formar parte de la Guardia Nacional.
Las cosas malas: la política “péndulo”, la bipolaridad para evaluar contextos y tomar decisiones. Imaginemos el movimiento armónico del péndulo caracterizando una de sus posiciones extremas con el pregón a los cuatro vientos de la cancelación de una obra de positivo impacto socioeconómico, con indudables beneficios asociados y proyección internacional trascendental, como lo era el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. En el otro extremo tenemos también obras cuyo costo de conclusión es geométricamente más oneroso que su presupuesto inicial (me refiero al Tren Interurbano México-Toluca) y genera suspicacia, que mutará, obligadamente, a sospecha de corruptela y cochupo.
Mientras que el primer proyecto se cancela por oponerse a los principios de “austeridad republicana” bajo el lema de “no puede existir aeropuerto rico con pueblo pobre”, el segundo “debe ser concluido, la obra está avanzada, y el gasto efectuado”. Aquí brinca, escupe espuma y brama la pregunta: ¿y la congruencia, apá?
Destaca el hecho de que, si bien el enfermo terminal llamado NAIM se encontraba en espera de la llegada del Ángel de la Muerte, conservaba aún la esperanza de un milagro que le permitiera subsistir. El moribundo sabía de la existencia de un mesías, del “iluminado”, que, de acuerdo con las escrituras, vendría del sur pregonando amor, perdón y tolerancia. ¡Nada más alejado de la realidad! Lo que encontró el pobre paciente fue un ente colérico; su supuesta generosidad se transformó en una rabieta furiosa al encararlo y espetarle que era el hijo de uno de tantos innombrables, producto de una mente enferma de corrupción y ávida de poder… El resultado: lo dejó agonizar, y el 3 de enero lo declararon formalmente muerto.
Las cosas malas continúan; sí, continúan: no existirá alguien que en su sano juicio se llame a sorpresa por la cancelación de los programas de seguro de Gastos Médicos Mayores, seguro de Separación Individualizado y seguro de Vida Institucional para los Servidores Públicos. ¡Sabíamos que pasaría! Recordemos que ésta fue una de tantas banderas izadas en el campo de las promesas de campaña; el problema radica en la falta de visión, en el poco análisis (si es que lo hubo) para determinar el impacto que esta medida tendría no solo sobre usuarios de los mencionados programas, sino también sobre aquellos que acceden a los servicios de la Seguridad Social como único medio de atención médica.
En este punto de grave trascendencia hago un atento llamado a los responsables de tomar decisiones, decisiones que afectaron a la vida del servidor público, la operación del sector asegurador, la viabilidad financiera de las instituciones de seguros y comprometieron la fuente de empleo de miles de trabajadores, para que sean sensatos en el análisis… ¡Vaya, para que por lo menos lo lleven a cabo!
No solo pongan en la balanza los pesos y centavos que aparentemente ahorrarán; velen también por aquellos que ya son atendidos, que cursan un procedimiento médico de largo plazo, que son tratados por enfermedades crónico-degenerativas; todo ello en hospitales privados de especialidad a los cuales pudieron acceder para, en muchos casos, garantizar la viabilidad de vida gracias a un programa de seguro de Gastos Médicos Mayores.
Evalúen, además, el impacto en los miles de empleos directos e indirectos que seguramente serán afectados. Para ejemplificar: el 12 de septiembre de 2018 el periódico La Jornada publicó la nota “Retrocede aportación del Sector Salud a la economía: Inegi”. Ahí se señalaba que la participación del Sector Salud durante el año 2017 se ubicó en 5.6 % del PIB, registrando 2 millones 147 mil puestos de trabajo remunerados, de los cuales aproximadamente 1 millón 37 mil corresponden al sector privado. ¿Cuál es el argumento, la excusa, la opción que propondrán a quien pierda su fuente de ingreso? ¡A ellos también se deben, también son sujetos de derechos, también son pueblo!
¿A qué me refiero? Observé con incredulidad y profunda tristeza un comunicado emitido por MetLife en el que se informa a los prestadores de servicios de salud que forman parte de su red de proveedores que fueron notificados por la Secretaría de Hacienda el 31 de diciembre de 2018 sobre la terminación anticipada del contrato de seguro de Gastos Médicos Mayores para las secretarías, órganos administrativos desconcentrados, entidades y organismos autónomos participantes, dejando sin efecto este beneficio a partir del 1 de enero de 2019.
Como consecuencia, los gastos en que incurra el asegurado a partir de la fecha señalada deberán ser cubiertos por él mismo. Medida esta que refleja una indiferencia absoluta del Gobierno Federal hacia su activo más preciado: el servidor público.
Matizando su mensaje con salpicaduras de empatía, la SHCP señala que aquellos que se encuentren en proceso de cobro de reembolsos o en curso de tratamiento son considerados mediante una serie de denominadas “acciones institucionales” para garantizar la atención y prestación de servicios de salud… ¡Solo que olvidaron señalar cuáles son esas medidas!
Aquí deseo plantear estas preguntas: ¿están preparadas las instituciones de Seguridad Social del Estado para recibir, por lo menos, dos millones adicionales de derechohabientes? ¿Cuentan con infraestructura para hacer frente de manera digna a la demanda de atención? ¿Tienen suficientes medicamentos, quirófanos, salas de recuperación, salas de terapia intermedia, intensiva y de observación? En una palabra, ¿pueden garantizar la seguridad del paciente?
El malentendido ahorro anual de 3,040 millones de pesos al año (estimación basada en cifras de la Condusef) por la cancelación de la póliza, implica que el Issste requiera 4,080 millones de pesos para hacer frente a este nuevo escenario. Sinceramente, las cuentas no me salen.
La orientación del presupuesto no solo debe velar por los que menos tienen: en la medida en que además privilegie la transparencia, promueva la inversión, fomente la creación de fuentes formales de empleo y ofrezca certeza generará un círculo virtuoso, un escenario con oportunidad real sin distingo para quien decida tomarla.
Imprescindible es cambiar el cristal a través del cual se pretende orientar la base de la nueva administración, comenzando por entender que austeridad no implica en términos económicos solo el recorte de gasto; puede y debe entenderse como el ejercicio inteligente, con eficiencia, del propio gasto, generando mayor riqueza con el mismo recurso.
¡Te lo aseguro!