Crear la Agencia Federal de Gestión Financiera de Riesgos Públicos es una propuesta en la que, por medio de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, trabaja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Encabezada por Carlos Noriega Curtis, la Unidad tiene el propósito de “darles orden a las cosas”, después de haber detectado serias irregularidades en el manejo del aseguramiento en terrenos del Estado.
Acerca del tema habló José Sergio Martínez Santana, director general adjunto de Seguros y Fianzas de la mencionada unidad hacendaria, durante la trigésima cuarta convención de la Asociación de Funcionarios del Sector Asegurador, A. C. (FUSA) —que preside Agustín Rosales Tapia—, efectuada en Puerto Morelos, Quintana Roo, el municipio más joven de la entidad, del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019.
Aunque los diversos temas presentados por los conferencistas y los debatidos por especialistas en paneles permitieron adentrarse en problemáticas en las que los financieros tienen mucho que hacer, el de la creación de la citada agencia llama la atención, en el entendido de que, como señaló Martínez Santana, “todos la han visto con buenos ojos” porque cumple objetivos favorables para el Gobierno.
La agencia estaría configurada por tres unidades: la de análisis, la de gestión operativa y la de cumplimiento, cada una de ellas con propósitos puntuales para lograr una transferencia de riesgos adecuada, resueltos los problemas identificados en el manejo. Todo esto llevaría a la consecuencia de ampliar la participación a más empresas en los programas federales, ya que en la actualidad 80 por ciento del primaje lo controlan solo cinco aseguradoras.
No obstante, el funcionario dijo que para llevar una gestión de riesgos adecuada se requiere la conformación de un equipo multidisciplinario que permita monitorear el uso de los recursos del erario destinados a la protección de los bienes públicos, poniendo como ejemplos:
° La conformación y mantenimiento de bases de datos de cada componente, así como la investigación constante de modelos para la estimación de pérdidas potenciales.
° El monitoreo y seguimiento de los recursos destinados a la atención de desastres naturales (Fonden) para evitar sobrestimaciones. Supervisión de recursos destinados a la adquisición de coberturas (primas de seguro, subsidio, esquemas estatales de protección) para maximizar la dispersión de riesgos y evitar la compra de esquemas insuficientes o técnicamente inadecuados.
° Diseño y supervisión operativa de los esquemas federales y asesoría a las entidades federativas para la determinación de sus esquemas de aseguramiento que permitan disminuir los costos de transferencia al conformar mecanismos consolidados.
Martínez Santana explicó ante los convencionistas que lo que la autoridad quiere es atraer riesgos no solo provocados por fenómenos naturales, sino también de salud (como epidemias) o los que afectan al campo, todo lo cual hasta ahora se encuentra desvinculado. Pero, si bien hay avances en las definiciones de la propuesta, el conferencista dijo que la visión de la SHCP plantea que se necesita al sector asegurador para ejecutar las estrategias.
La idea de la SHCP es incentivar la participación de más compañías para que, abundó Martínez Santana, “cada una ocupe su capacidad de retención y no solo ceda al reaseguro”; para ello se tendrían que fijar porcentajes acordes a su solvencia.
La participación podría ser mediante un pool, como en el seguro del Fonden; aunque en este caso históricamente se han contratado seguros con Agroasemex porque la iniciativa privada no ha mostrado interés.
Son diversos, todavía, los aspectos que deberán revisarse y definirse, aunque la estrategia integral de riesgos busca que los gobiernos de los estados tengan conciencia de que, evidentemente, están expuestos a los riesgos, proceso para el cual el Gobierno Federal apoya hasta con 70 por ciento del costo de las coberturas. Hay beneficios para las entidades que tengan un esquema de transferencia de riesgos.
Infundir ese interés entre los gobiernos estatales es relevante porque hasta la fecha éstos buscan apoyo solo cuando ya les ha ocurrido algo; y, al hacerlo, evidencian el desconocimiento que padecen respecto a las reglas de operación de dichos mecanismos protectores. Siendo que asegurarse es obligatorio, hoy hay estados de la república que no tienen contratado ni siquiera un seguro.
Martínez Santana dijo que la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP y el Gobierno Federal promoverán un levantamiento concienzudo de riesgos, cosa que no ven fácil porque, nada más para poner un ejemplo, solo la Secretaría de Educación Pública controla miles de centros educativos en todo el país; y ya no hablemos del sector carretero, que implica miles de kilómetros de vías. Ese registro podría encargarse al Banco Mundial, a la Universidad Nacional Autónoma de México o a Agroasemex.
En relación con el aseguramiento de las dependencias federales (existen 237 pólizas en este ámbito), hay algunas “que pagan mucho por sus esquemas de aseguramiento”. Únicamente Pemex paga 12,000 millones de pesos de primas cada dos años. Por cierto, Pemex no entra en los terrenos de la propuesta porque dicha empresa gestiona todo su esquema de aseguramiento aparte, señaló el actuario Martínez Santana.
De acuerdo con lo señalado en la conferencia, se busca un aseguramiento conjunto, viable en la medida en que todas estas dependencias tienen la obligación de contratar un seguro. La idea es que se adhieran a una póliza unificada, que por ahora no existe, con lo cual cada dependencia puede optar por asegurarse conforme a su determinación. Si tal póliza existiera, dijo Martínez Santana, en caso de que los estados no quisieran adherirse, tendrían que justificar las razones de su negativa.
“Por ello, la idea es seguir el esquema del Fonden con todas las pólizas de las entidades federales. Queremos hacer esto en un esquema compartido, ya sea por un pool o coaseguro, dejando que Agroasemex coordine las labores e invitando a las compañías a participar. Una vez colocado el programa en reaseguro por medio de corredores, la idea es tener una sola figura de ajustador, en aras de la transparencia y de una rendición de cuentas adecuada”, sostuvo finalmente el funcionario gubernamental.