Por fin, el 1 de julio pasado se celebraron las elecciones y se confirmó el pronóstico: Andrés Manuel López Obrador fue elegido con el 53 por ciento de los sufragios emitidos (se estima que aproximadamente 60 por ciento del padrón de electores acudió a las urnas a manifestar su decisión).
Una primera impresión del hecho anima el alivio que experimentaremos al dejar de ser bombardeados por spots de partidos, candidatos y autoridades, aunque, según parece, el espacio será llenado por la aparición hasta el cansancio del electo para saciar su evidente necesidad de protagonismo.
Dos semanas después de ese día se ha iniciado el tsunami de cambios, declaraciones e instrucciones de quien aún no recibe su constancia para aquellos que formarán parte de su gobierno. Al alcanzar la mayoría en ambas cámaras, ha solicitado, muy a su manera, que se aprueben todas y cada una de las 12 medidas que estableció en un primer encuentro, y las 50 totales que dio a conocer personalmente el fin de semana ante los medios que cubren la fuente en la casa de la colonia Roma.
Destacan muchas de ellas por su corte aparentemente “justo y equitativo”, pues eliminan prestaciones cortesanas a burócratas y funcionarios públicos, prescindiendo de una buena cantidad de ellos para adelgazar una nómina millonaria de secretarías y estructuras gubernamentales; y, los que se queden, lo harán con una mayor jornada laboral y un menor sueldo. Muchos ciudadanos aplauden sus comunicados, cuando ni siquiera toman sus puestos quienes serán secretarios y legisladores: el presidente electo ya empezó a gobernar…
Lamentablemente, los excesos de administraciones pasadas (que, fieles a su naturaleza cortesana, se autorizaron prestaciones millonarias pagadas por los ciudadanos) tuvieron acaso una única consecuencia positiva: generaron empleo, y más en el sector asegurador. Me refiero, claro, a la prestación de seguro médico y de separación que la burocracia había venido contratando con aseguradoras privadas.
Lo anterior generó un ingreso millonario en primas y la necesidad de contar con departamentos de “gobierno” en las aseguradoras ganadoras, así como extensas áreas de siniestros para atender a los miles de funcionarios que hacían uso de su prestación. La medida de cancelar estas coberturas puede significar una sensible reducción de cargas de trabajo, haciéndose necesario recortar esas áreas al no existir ya la posibilidad de contar con tan generosos negocios.
El recorte en la burocracia generará también algunos cambios en el esquema de ingreso de dichos funcionarios, que pueden llevarlos a cancelar los seguros que pudieron haber contratado. Las pólizas colocadas en la modalidad de Descuento por nómina se ven amenazadas ante la plausible medida de austeridad y de recorte en el tamaño del Estado. Si bien habrá funcionarios que busquen convertir la prestación a un seguro individual, cabe preguntarse cuántos de ellos podrán pagarlos si se les reduce el ingreso para cumplir con la promesa de campaña de quien será su jefe desde el 1 de diciembre próximo.
No habrá más gastos de representación, lo que irremediablemente reducirá la presencia de funcionarios en conocidos restaurantes y bares de elevado costo, destinos vacacionales y lugares en aerolíneas que llenaban la primera clase de sus aviones con personalidades políticas.
Siempre me he preguntado la causa por la que el Seguro Popular y el de madres solteras no están administrados en una aseguradora; mientras que el seguro de Gastos Médicos, el de separación y el institucional de la burocracia sí.
¿Será acaso que la prestación del seguro privado cambiará por la del Seguro Popular y el de madres solteras que administra Sedesol?
¡Sería ese un magnífico argumento de ventas para demostrar que las aseguradoras sí pagan cuando los asegurados lamenten haber perdido la prestación de un seguro privado que les pagó una hospitalización o hasta el fallecimiento de un asegurado! Si no lo hicieran, sería ocioso que el mismo Gobierno contratara seguros con empresas fraudulentas que, llegado el momento del siniestro, simplemente se negaran a pagar. De esa forma, el mismo Gobierno sería congruente con su práctica de atenderse en hospitales públicos en vez de hacerlo en nosocomios privados.
¿La austeridad republicana llegará también a las aseguradoras al tener que recortar sus nóminas en áreas de “gobierno”? Referir que quien votó a favor de AMLO y se quedará sin empleo estará pagando su culpa es un exceso, pero no puede soslayarse que, para su propia desgracia, es así de contundente.
Finalmente, las enormes promotorías que comercializan planes en Descuento por nómina para cuando menos media docena de aseguradoras deberán tomar medidas ante los posibles cambios en la composición de la burocracia y por la reducción de los ingresos en los altos mandos. Seguramente, al mejorar el ingreso de los intermedios o sindicalizados, podrán incrementar sustancialmente los descuentos en planes contratados bajo esa modalidad, aunque sea en ciudades distintas de donde originalmente los tomaron, si, como se ha declarado, son descentralizados a otra zona del país. Otra posibilidad es que se cancele la participación de estos empleados cuando se nieguen a moverse a otra ciudad y se queden sin empleo en dichas dependencias.
¿Qué esperar de un Gobierno promotor de la austeridad republicana?
Desde mi paso por la universidad en la carrera de Relaciones Industriales, conocí y aplique la fórmula con la que se han construido los tabuladores de sueldos. Desde hace décadas, éstos se hacen partiendo del mínimo, evaluando puestos superiores y estimulado a los postulantes a progresar para escalar posiciones en la empresa. Una de las mayores recompensas de progresar dentro de una organización es ganar más conforme se escalan puestos hasta llegar a la máxima posición.
La medida de bajarles el sueldo a funcionarios limitando sus posibilidades a poco más de 100,000 pesos mensuales tiene, además del atentado contra la legítima aspiración a ganar más, una afectación en la suma asegurada del seguro institucional, que, hasta este momento, no se ha propuesto cancelar. .
Con esas condiciones de trabajo habrá que esperar renuncias a trabajar en el sector público y búsqueda de oportunidades en el privado, pero también la imperiosa necesidad de sustituir las prestaciones de las que se gozaba en el pasado por paquetes de seguros privados e individuales.
Muy probablemente, el jugoso negocio que representaron los seguros de Gobierno deberá ser sustituido por la atención a mayor escala de la iniciativa privada, esa que, trabajando en empresas privadas, da preferencia al consumo de satisfactores que exhiben progreso en lugar de mejorar sensiblemente su cultura de previsión.
Hoy, ante la amenaza de ver esfumados negocios que permitían ingresos extraordinarios, se hace indispensable invertir en culturizar a la población e insistir en que el único canal de distribución que puede cumplir con la tarea de acercar el hábito de previsión a los ciudadanos es, sin duda alguna, el de los agentes de seguros.