Economistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaron que en este año, el COVID-19 podría costarle a la economía mundial alrededor de un billón de dólares como mínimo y tal vez un poco más, declaró el secretario general del organismo, Antonio Guterres.
“El coronavirus está trastornando nuestro entorno ocasionando gran cantidad de personas nerviosas, preocupadas y confusas, lo cual es completamente natural en virtud de que la amenaza para la salud a la que nos enfrentamos es distinta a cualquier otra que hayamos vivido”, agregó el secretario de la ONU.
Antonio Guterres dijo también que las consecuencias sociales y económicas de la combinación de la pandemia y la ralentización de las economías repercutirán en la mayoría de nosotros durante algunos meses. Sin embargo, consideró que la propagación del virus llegará a un punto máximo y después las economías lograrán recuperarse. “Hasta entonces, debemos actuar juntos para frenar la propagación del virus y cuidar unos de otros”, sentenció.
El representante de la ONU señaló también que es el momento de ser prudentes, no de entrar en pánico, “pues aunque se ha clasificado como pandemia, podemos controlar esta situación y retrasar la transmisión, prevenir la infección y salvar vidas. Pero hacerlo requerirá medidas inéditas de índole personal, nacional e internacional”, indicó.
“El COVID-19 es nuestro enemigo común y debemos declararle la guerra. Ello significa que los países tienen la responsabilidad de prepararse aplicando estrategias de contención eficaces, apuntó el representante de la ONU”. indicó.
Guterres añadió que los mercados financieros se han visto muy afectados por la incertidumbre; además de que las cadenas mundiales de suministro se han interrumpido y la inversión y la demanda de los consumidores se han hundido, y ello acarrea un riesgo real y creciente de recesión mundial.
Finalmente, Antonio Guterres subrayó que ningún país puede enfrentar solo esta situación. Hoy más que nunca, los gobiernos deben cooperar para revitalizar las economías, aumentar la inversión pública, impulsar el comercio y garantizar la prestación de un apoyo específico a las personas y las comunidades más afectadas por la enfermedad o más vulnerables a los efectos económicos negativos, incluidas las mujeres, que a menudo soportan una carga desproporcionada del trabajo de cuidados.