Si México no instrumenta un programa de reactivación financiera integral y la propagación del COVID-19 frena la actividad industrial y de servicios en 70 por ciento por un periodo de 45 días, la economía del país sufriría una estrepitosa caída de hasta 5.7 por ciento, se perderían cerca de 875,000 empleos, sin perder de vista que el tipo de cambio llegaría a 28.35 pesos por dólar y la inflación ascendería a 4.8 por ciento al cierre de este año.
La anterior proyección corresponde a un análisis que compartió el Instituto para el Desarrollo y el Crecimiento Económico (IDIC), denominado Perspectivas económicas, la recesión de una economía enferma, en el que se apunta que la única forma de moderar la caída en el crecimiento del país estriba en poner en marcha un Programa Contracíclico Integral Emergente que convoque la unidad nacional.
El diagnóstico compartido por el IDIC detalla que el programa de rescate anunciado recientemente por el Gobierno Federal, que preside Andrés Manuel López Obrador, de 25,000 millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas es una medida positiva; no obstante, precisa, no tiene la dimensión adecuada para el momento que vive y vivirá el país en el corto plazo.
Por último, el IDC comparte una serie de medidas de rápida acción; de tal manera que México pueda sortear la inquietante expansión de la pandemia del COVID-19, en materia económica:
- Ejecución de un Acuerdo Nacional que garantice reactivar el crecimiento económico con la menor afectación al tejido social y productivo.
- No interrumpir los flujos financieros, productivos, laborales, de inversión y consumo.
- Procurar la menor afectación en los servicios.
- Iniciar un programa conjunto de producción e insumos intermedios que garantice el pleno funcionamiento industrial de América del Norte.
- Atender las necesidades de carreteras, agua potable, drenaje, electricidad, servicios educativos y de salud de las comunidades más pobres en México.
- Garantizar el funcionamiento de los sectores estratégicos en materia de empleo, crecimiento económico, salud y alimentación.
- Destrabar la inversión privada en el sector de la construcción.
- Deducibilidad al 100 por ciento de las prestaciones laborales.