La reforma al sistema de pensiones de México que se aprobó el 9 de diciembre de 2020 y que entró en vigor en enero de 2021 contiene cuatro modificaciones relevantes: una de ellas, el incremento gradual en el porcentaje de las aportaciones realizadas por los empleadores a las cuentas para el retiro de los trabajadores, del 6.5 por ciento a 15 por ciento del salario.
Asimismo, un esquema flexible para la obtención de la pensión mínima garantizada (PMG); la reducción de 1250 a 750 en el número de semanas de cotización para tener derecho a una pensión y, finalmente, el establecimiento del límite máximo a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (Afores).
Es la síntesis de los beneficios a la reforma en cuestión observada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en su nota correspondiente a las reformas del sistema pensionario de México emitida en junio de 2021, y en la que agrega que entre los resultados que se esperan obtener de todo ello son:
Que un mayor número de trabajadores acceda a una pensión, al reducirse las semanas de cotización requeridas y debido al incremento en las cotizaciones a las cuentas individuales de los trabajadores y a la mayor flexibilización de la PMG; y una recuperación de un saldo mayor, en el caso de los trabajadores que no cumplan con los requisitos para obtener una pensión, por el aumento de los ahorros pensionales generado por el incremento de la tasa de cotización.
La FIAP estima muy importante también el incremento gradual de la contribución del empleador a partir de 2023 y que concluirá en 2030. Dicha aportación pasará de 5.15 por ciento en 2021 y 2022, a 13.8 por ciento del Salario Base de Cotización (SBC) en 2030 para los salarios a partir de 4.1 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta el tope del SBC de 25 UMA.
En dicho rango la cooperación gubernamental será tal, que al sumarse con la del empleador de en su totalidad 13.8 por ciento del SBC. Así, ésta irá desde 8.7 por ciento para 1SM, hasta 1.7 por ciento para 4 UMA4; y finalmente, la permanencia sin cambio de la aportación del trabajador, en 1.1 por ciento del SBC, señala el organismo.
No obstante, este no es el único factor de la reforma que tiene un impacto sobre la tasa de reemplazo. Con ello, la pensión garantizada oscilará entre 2.622 pesos y 8.241 pesos mensuales. Bajo el régimen anterior, la PMG habría sido de 3.289 pesos; con la reforma de 2021, la PMG se eleva a 7.117 pesos, esto es 116 por ciento más a la del esquema anterior.
Por lo que respecta a la reducción de las semanas de cotización requeridas y trabajadores con elegibilidad de pensión, la reforma señala que se reducen las semanas requeridas de cotización ante el IMSS de 1250 semanas para alcanzar el derecho a la pensión (hecho que restringía el número de trabajadores que podían aspirar a este beneficio) a solo 750 en 2021.
Este nivel mínimo transitorio se incrementa anualmente en 25 semanas de cotización para alcanzar un mínimo permanente de 1000 semanas a partir de 2031. Esta reducción busca incluir en la red de beneficiarios del sistema a un mayor número de trabajadores, y reconoce la estructura del mercado laboral en México, en el cual una alta proporción de trabajadores transitan entre la formalidad e informalidad durante su vida laboral.
En cuanto a las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro se establece un límite máximo a las comisiones cobradas por las Afores. Es importante señalar que el ejercicio considera dos cambios fundamentales de la reforma de 2021: Las mayores cotizaciones a las cuentas individuales de todos los trabajadores, y la flexibilización de la PMG que ahora será de mayor cuantía y se otorgará a más empleados. Las tasas de reemplazo estimadas para un mismo trabajador bajo los esquemas previo y posterior a la reforma de 2021.
Supone una anualidad o renta vitalicia calculada para una persona que cotizó 1250 semanas, que adquiere su pensión a los 65 años de edad con una esperanza de vida de 16 años, que su último salario es igual al salario promedio de cotización en su vida laboral y con un rendimiento real neto de comisiones de los activos acumulados en su cuenta individual de 3 por ciento.
Finalmente, especialistas estiman que entre las implicaciones de la reforma recién aprobada podría contribuir aún más a potenciar el desarrollo del sistema financiero, aportando más recursos no solo al mercado de valores gubernamentales, sino también a los de deuda corporativa y renta variable.