- Así lo advierte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
- Y pronostica: las nuevas generaciones estarán desamparadas durante su jubilación
- Señala que las contribuciones voluntarias son escasas y el gasto público para cubrir sus pensiones profundamente inequitativo
- Imperativo, que el Gobierno Federal acepte que no puede seguir asumiendo deudas para pagar pensiones que presionarán fiscalmente a las próximas generaciones
En México, la problemática del ahorro y el retiro -en lugar de desvanecerse- cobra mayor fuerza y vigencia. Diagnósticos van y vienen, los años pasan, y cada vez es más evidente que la pirámide poblacional vive una transformación sinigual que forzosamente terminará por ocasionar una profunda crisis social y económica en el país.
Pareciera que las instituciones, entidades financieras, catedráticos y sociedad en general hacen caso omiso a las innumerables advertencias que llegan por doquier y que forman parte del debate diario. Lamentablemente, los pronósticos se considerarán como un juego de niños cuando llegue el momento en que el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) pague a los primeros pensionados y se confirme que los jubilados bajo este modelo de acumulación estarán profundamente desprotegidos.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) es otro de los actores que toma partida en torno a este tema a través de un estudio denominado Pensiones en México: 100 años de desigualdad, en el que afirma tajante que el sistema de pensiones que reina en el país es desigual, insostenible y carece de transparencia.
De acuerdo con el CIEP, el estado actual del sistema de pensiones en México no es bueno, puesto que los recursos públicos destinados a cubrir los compromisos son cuantiosos y con una tendencia al alza. La investigación precisa asimismo que los diferentes esquemas que integran al sistema y las difíciles circunstancias de la economía mexicana ocasionan que el grueso de los beneficios se concentre en una parte reducida de la población.
Dos de los problemas que arrastran sociedades como la mexicana son la desorganización y la falta de planificación. El reporte que divulgó el CIEP explora precisamente este tema y afirma que la falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha producido que en la actualidad el monto por este concepto represente 15.5 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación en 2017, o sea, 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con una marcada tendencia a incrementarse en los años siguientes.
Resulta innegable que el gasto público para cubrir pensiones es profundamente inequitativo entre instituciones, tipos de pensión y generaciones, y el documento que desarrolló el organismo lo confirma de manera muy clara, ya que los trabajadores pensionados por el régimen de beneficio definido pueden recibir, al menos, 40 por ciento de su último salario, mientras que los que pertenecen al sistema de cuentas individuales solo alcanzarán el 30 por ciento. Por ello existe un riesgo real de que las nuevas generaciones estén desamparadas durante su jubilación.
En lo que se refiere a la distribución geográfica del gasto público para cumplir con las obligaciones del sistema de reparto, el diagnóstico desarrollado por la institución es contundente y revela que 57 por ciento del gasto público se asigna a Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; en cambio, los 27 estados restantes se reparten el 43 por ciento sobrante de dicho monto.
Por si fuera poco, existe otro aspecto que genera que la actual problemática de pensiones se profundice y agudice a niveles insospechados: la tasa de contribución y la de reemplazo. El CIEP fue muy puntual en relación con ello y subrayó que la mayor diferencia entre lo asignado por pensionado y por institución radica en que, por ejemplo, un empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de Petróleos Mexicanos (Pemex ) reciben en promedio 8.8 y 6.7 por ciento más que un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por otro lado, en lo que respecta a la tasa de contribución y la de reemplazo, el CIEP explica que en el IMSS se ahorra 6.5 por ciento del salario, mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste ), 11.3 por ciento; en la CFE, el 16.7 por ciento, y en Pemex, 23 por ciento, de manera que las personas que cotizan en el IMSS, que son la mayoría de la población, lo hacen a una tasa muy pequeña, lo que genera que la tasa de reemplazo sea también excesivamente baja al momento de su jubilación, con únicamente 26 por ciento.
Brillo de oropel
De manera reiterativa se ha insistido en que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son un verdadero aliado para los trabajadores, ya que son la mejor opción para invertir parte de sus recursos, obtener buenos rendimientos y acumular un monto lo suficientemente alto que les permita contar con un ahorro para el retiro bastante sólido; sin embargo, la investigación del CIEP destaca que lo que muchos olvidan es que el ahorro bajo este sistema representará una carga fiscal importante para las futuras generaciones, ya que parte de los recursos están invertidos en deuda gubernamental, o sea, respaldados por dinero que aún no existe.
Las próximas generaciones, continúa el estudio, tendrán que soportar los ingresos de las Afores por medio de un pago mayor de impuestos. El CIEP indica también que el gasto en pensiones de beneficio definido no dejará de crecer hasta 2035, para después descender y extinguirse en 2120, por lo cual, advierte, , es indispensable que el Estado diseñe mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestaria y poder cumplir con el pago de las obligaciones sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía.
El diagnóstico del CIEP alerta sobre lo siguiente: de no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, se corre el enorme riesgo de que aquellos que ahorren bajo el régimen de cuentas individuales terminen pagando no solo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que los antecedieron.
Cambios indispensables
El CIEP también hace hincapié en su investigación en que las comisiones que se cobran en el país por manejo del ahorro para el retiro de cada trabajador han disminuido y los rendimientos generados continúan siendo positivos; no obstante, apunta que la tasa de reemplazo mexicana es de 26 por ciento, cuando internacionalmente se recomienda que oscile entre 50 y 70 por ciento.
El estudio divulgado por la institución subraya que un incremento en la tasa de aportación, que en el IMSS es de 6.5 por ciento y que globalmente oscila alrededor de 15 por ciento, es uno de los principales desafíos que México deberá atender si realmente desea ofrecer a los ciudadanos un retiro que les garantice una calidad de vida digna.
Desigual por donde se le mire
El CIEP asegura que la distribución de pensiones a través de un sistema de reparto como el que impera en México es desigual desde distintas perspectivas: por monto que recibe cada estado, per cápita, por adulto mayor, por profesión y por género.
Por si fuera poco, el estudio asevera que las entidades federativas tienen una ley de pensiones propia, con reglas específicas y beneficios diferentes. Como consecuencia, en algunos estados no existen presupuestos de egresos para el gasto realizado en pensiones.
Solo Nuevo León y Sinaloa, añade el CIEP, han elegido reformar su sistema de pensiones para transitar a uno de cuentas individuales. En contraposición a lo anterior, 30 entidades federativas mantienen el sistema de reparto y presentan el mismo riesgo de la Federación, esto es, que el gasto público estatal por pensiones comprometa el futuro de las próximas generaciones.
Mucho por cambiar
El diagnóstico que elaboró el CIEP subraya que es urgente evaluar el tamaño del pasivo pensionario en el país. La investigación explica que, pese a que ha habido importantes esfuerzos por hacer una medición del tamaño de la deuda en pensiones, lamentablemente las evaluaciones públicas se han topado con muchas restricciones de información.
Frente a lo anterior, la investigación asienta que es vital que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) compile información de valor y la difunda de manera sistemática para así contar con una valoración equilibrada de los pasivos contingentes pensionarios.
Del mismo modo, el CIEP plantea como una obligación que se revisen los compromisos en el sistema de reparto, ya que el grueso del gasto público ocurre por el régimen de beneficio definido y la tendencia sugiere aumentos muy considerables en las erogaciones del Gobierno por un lapso de al menos 20 años, es decir, una generación completa.
Por último, la investigación insiste en que se deben poner controles al gasto público en pensiones, de modo que se garantice que cierto porcentaje del gasto en retiro se reparta entre toda la población y que el monto restante cubra los compromisos por beneficio definido, sin que se acumulen deudas que presionen fiscalmente a las próximas generaciones.