Como consecuencia de que 41 por ciento de la infraestructura y 31 por ciento de las familias, personas y empresas de México no cuentan con ninguna póliza de seguros que les permita mitigar los embates de huracanes, tormentas, terremotos o erupciones volcánicas, 71 por ciento del Producto Interno Bruto de este país es vulnerable a desastres naturales, señaló en un comunicado la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
De acuerdo con los datos que divulgó el organismo, en México los bienes humanos y patrimoniales expuestos a fenómenos naturales ascienden a 22,000 millones dólares. La AMIS indica asimismo que el país ocupa el noveno lugar dentro del top 10 de naciones con mayores pérdidas económicas provocadas por eventos de la naturaleza.
Por lo antes expuesto, la AMIS considera vital que se instrumente una política pública de Administración Integral de Riesgos que permita edificar un México más resiliente. Por medio de esta estrategia, añade la institución, se buscaría neutralizar eventos devastadores potencialmente sistémicos. Así se evitaría que el sistema financiero acumule y desarrolle riesgos que posteriormente podrían afectar de forma muy significativa a la economía del país.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales (Unisdr), entre 1998 y 2017 las pérdidas económicas en el país provocadas por eventos naturales ascendieron a 46,500 millones de dólares. La institución precisa que la mayoría de los daños fue producto de la fuerza destructiva de huracanes y tormentas tropicales.
Por su parte, el Consejo Nacional de Población (Conapo) pronostica que entre 2010 y 2030 el riesgo para los mexicanos asociado a huracanes y tormentas tropicales aumentará 24.4 por ciento; mientras que la amenaza por sismos en zonas urbanas se incrementará 14 por ciento.
Y es que solo en los sismos que en septiembre de 2017 sacudieron a México cerca de 250,000 personas perdieron su vivienda y más de 130,000 inmuebles sufrieron daños severos, detalla la AMIS. La institución puntualiza que, al no haber mecanismos de administración de riesgos, las personas, empresas y el Gobierno Federal se vieron obligados a asumir el costo de los daños causados por los movimientos telúricos.
La AMIS destaca que las pérdidas económicas provocadas por los terremotos de septiembre de 2017 ascendieron a 61,000 millones de pesos; sin embargo, solo 32,000 millones de pesos correspondieron a daños asegurados.
Severidad y frecuencia, en aumento
En una investigación que desarrolló la AMIS denominada Agenda para instrumentar una política de administración de riesgos en México. Propuesta del sector asegurador se alerta sobre el hecho de que en las últimas cinco décadas la ocurrencia de desastres naturales en el país ha mostrado una tendencia creciente, que podría incrementarse aún más debido al grave cambio climático.
El análisis del organismo gremial subraya que ante un desastre natural significativo las familias más vulnerables se ven afectadas de forma más severa en comparación con otros estratos sociales; incluso pueden verse atrapadas en la pobreza tras haber sido golpeadas por riesgos naturales pequeños; de ahí que este estrato social enfrente una exposición mayor ante los desastres naturales, lo que afecta seriamente su patrimonio, que consta de bienes físicos sensibles al clima.
La AMIS afirma que el Sistema Nacional de Protección Civil enfrenta en la actualidad colosales insuficiencias y retos, principalmente por los asentamientos poblacionales que han proliferado en áreas irregulares de alta vulnerabilidad del país, lo que sistemáticamente anula la coherencia, aplicabilidad y eficacia de las políticas públicas para mitigar riesgos de la naturaleza.
Ante el enorme reto de reducir la brecha de aseguramiento, la AMIS plantea promover la adquisición voluntaria de coberturas y sensibilizar a la población en materia de riesgos asociados al hogar, todo ello con el objetivo de que la población conozca de primera mano las ventajas de contar con un seguro.
En síntesis, la AMIS propone una colaboración público-privada como piedra angular para impulsar el aseguramiento de viviendas en todos los niveles; sin embargo, concluye la investigación, este esfuerzo debe ir necesariamente acompañado de una estrategia de educación financiera, suficientemente integral y amplia, que tenga también el objetivo de que la población adquiera conocimientos en materia de administración de riesgos. La fase final de esta propuesta incluye la promoción del aseguramiento de inmuebles privados y condominios.