El anhelo del seguro obligatorio de vehículos automotores ha sido, desde hace tres décadas una exigencia del sector asegurador. La historia de las luchas emprendidas para lograrlo data de finales de la década de los 90, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano presidía la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal.
En aquellos años, el SUVA (Seguro único de vehículos automotores) constituyó el primer modelo de seguro obligatorio en el que la implementación enfrentó la venia del gobernante, pero terminó con su rechazo ante el argumento de “atentar contra los pobres”. Proteger a los pobres ha sido, históricamente, el discurso de políticos, cuyas decisiones los han mantenido en esa lacerante condición.
Los millones de pesos invertidos por aseguradoras en sistemas desarrollados y papelería impresa para arrancar con el modelo de aseguramiento obligatorio tuvo que esperar 17 años para testificar el decreto que imponía la obligación en el año 2014, aunque sólo para aquellos que circulen por vías federales. Esa condición, además de la discreta suma asegurada obligatoria, ha venido evolucionando en prácticamente todas las aseguradoras que promueven el seguro automotriz, enriqueciendo la póliza con servicios de asistencia y cobertura de gastos médicos para los ocupantes y el conductor.
Las versiones de seguro de Responsabilidad Civil actuales tienen diferencias importantes de aquella diseñada para el SUVA. De igual forma, el parque de vehículos automotores de hoy es muy superior al de entonces y, además, los riesgos que corre un automóvil o camión al circular han crecido en frecuencia y, consecuentemente, en severidad. La mayoría de las entidades federativas han adoptado la práctica de hacer obligatorio el seguro de daños a terceros hasta abarcar casi la totalidad del territorio nacional que mantiene vigente dicha obligación.
Sin embargo, a pesar de ser obligatorio, seis o siete de cada 10 propietarios de vehículos automotores han incumplido la norma al carecer de dicha cobertura, sin que eso repercuta en la posibilidad de circular, incluso, por vías federales. Ante semejante desobediencia es preciso cuestionar a las autoridades de tránsito que lo permiten sobre los mecanismos de vigilancia para cerciorarse que los autos circulan con el seguro vigente, pero también, cuestionar a las aseguradoras y a la autoridad reguladora sobre los instrumentos que pueden dotar de información a dichas instancias para detener a quien está en falta y resguardar el vehículo hasta en tanto no se presente la póliza vigente, pagada y con endoso de no cancelación.
Un lector de placas o número de serie que pueda cotejar contra el inventario de vehículos asegurados (con independencia de la aseguradora) si el que se está revisando lo está o no , puede ser un instrumento útil para detectarlo. Sin duda, es necesario extremar precauciones en ese proceso para evitar ejercicios de corrupción, coacción o hasta extorsión de quien tenga en sus manos la herramienta. Es de esperar que al arranque de una medida así habría miles de autos detenidos, mismos que pasarían a formar parte de los registros de autos asegurados, así sea únicamente en la cobertura básica.
Si el padrón de vehículos existentes en todo el país supera los 50 millones de unidades, asegurarlos a todos implica triplicar la captación de pólizas e incrementar sustancialmente la captación de primas, lo que permitiría mitigar los incrementos de tarifa con motivo de coberturas por daños materiales o robo total. Tal vez, con una captación de esa magnitud, sería posible estructurar paquetes de aseguramiento de costo menor al actual, con el consecuente beneplácito de quien debe cumplir la obligación de asegurar su auto obteniendo una mayor cobertura.
Los costos implícitos en la posesión de un auto son estrictamente cinco, en el siguiente orden:
El costo por comprarlo (de contado o financiado); el costo de tenerlo (tenencia y derechos vehiculares); el costo de usarlo (combustible, servicios, estacionamientos); el costo de conducirlo (licencia de manejo), y el costo de protegerlo (seguro de auto). Sin embargo, siete de cada 10 incumplen cuando menos con el último, y tal vez con otro u otros más. Ese incumplimiento no les impide circular, lo que convierte a la obligación en una norma, cuya observancia es abiertamente ignorada, justificada y hasta presumida.
Estrictamente, quien no puede pagar alguno de esos cinco costos no podría tener auto, pero la costumbre o tradición han sido más poderosas que la más elemental responsabilidad del propietario y conductor. Ese sentido de la responsabilidad, interpretado de formas alejadas a lo necesario, ha desarrollado actitudes perniciosas y nocivas que impiden el desarrollo de la cultura de previsión en donde el seguro ocupa un importante sitio. Ante ello, la obligación decretada resulta absolutamente insuficiente, haciendo necesaria la actuación de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la norma, situación que, evidentemente, tampoco ha sido cumplida.
Desde luego que identificar a los autos que están en falta, detenerlos y arrastrarlos hasta un depósito del que puedan salir sólo si presentan la póliza vigente y pagada, resultaría una medida punitiva por una falta administrativa que merecería, de inicio, el rechazo de la población pero, al final, comprendería que, para tener un auto, debe considerar el costo de protegerlo tanto como lo hace con el costo de usarlo o comprarlo.
En lo referente a trámites necesarios para verificar que, de haber multas pendientes impiden realizarlo, carecer de la cobertura de seguro sumaría una causa más en ciudades donde ese requisito es indispensable, por lo que la percepción de autoritarismo se diluiría ante la realidad de multas que, en muchos casos, son aplicadas sin el conocimiento del conductor cuando circula en vías rápidas elevadas por medio de fotografías tomadas en ellas.
Asegurar los autos como obligación impuesta ha resultado en un incumplimiento generalizado sin que, hasta este momento, haya repercusiones por ello. Multar a los propietarios es una medida administrativa que, al pagarla, queda cumplida a pesar de que el auto siga sin seguro y el propietario continúe usándolo en la más absoluta impunidad.
En momentos de transformación, valdría la pena insistir en aplicar medidas punitivas eficaces para revertir la tendencia de adquirir, conservar y usar un auto sin asegurarlo, cuando menos en la cobertura obligatoria de daños a terceros. La actuación decidida de las aseguradoras por medio de AMIS, con la indispensable intervención de CNSF y la propia SHCP apoyados con la asesoría siempre necesaria de decenas de miles de intermediarios, son los elementos para iniciar una auténtica cruzada nacional para el aseguramiento de automóviles.
La pregunta queda en el aire:¿Será posible?