En México, seis de cada 100 mexicanos padecen alguna discapacidad, y en adultos mayores de 60 años esta situación se presenta en uno de cada cuatro. Lo más grave de este asunto es que solo una parte mínima de ellos tiene acceso a coberturas de seguros de Gastos Médicos, situación por la cual el Gobierno Federal emitió un decreto en 2018, que entró en vigor en junio de 2019, por el que obliga a las aseguradoras con productos de dicho ramo a que desarrollen y registren productos específicos para atender a este nicho poblacional.
La reforma de la que se habla produjo un decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y se publicó el 22 de junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La nueva redacción establecía, por otra parte, que las aseguradoras debían registrar sus productos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) a más tardar el 20 de diciembre de este 2019.
Esta información fue proporcionada por la actuaria Dolores Armenta y la licenciada Elizabeth Calderón, asociada y directora general de CAPA Soluciones Jurídicas, respectivamente, en entrevista exclusiva con El Asegurador.
Cifras adicionales que revelan la gravedad de la situación en nuestro país indican que el porcentaje de discapacitados es mayor en mujeres (27.3 por ciento) que en hombres (23.9 por ciento) y que el 15 por ciento de la población mundial, de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presenta alguna condición de esta naturaleza.
Centrándonos en México, podemos decir que el problema no es menor, pues hasta 2014 había 7.1 millones de personas discapacitadas (6 por ciento de la población). De esta totalidad, 47 por ciento de los discapacitados en nuestro país son mayores de 60 años, 35 por ciento están entre los 30 y 59 años y 18 por ciento son menores de 30 años.
Con este panorama en las manos, las entrevistadas establecieron que Gobierno e instituciones del sector asegurador observaron la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, lo que posteriormente se traduce en un desarrollo integral y en una participación más activa en la sociedad.
Elizabeth Calderón indicó que el mayor reto para el Estado y las aseguradoras es que la gente entienda la utilidad que puede llegar a tener esta iniciativa, que desde luego es muy difícil. “Hay una parte sustancial de esta problemática, que atañe a lo social, que es tarea del Gobierno, y ahí creo que en todos los sexenios se ha trabajado poco y se ha avanzado poco”, aseveró.
Por su parte, Dolores Armenta mencionó que el reto de las aseguradoras es entender las necesidades de la población. Y, en cuanto a la autoridad, el desafío es que se creen coberturas ad hoc para ellos porque, si no se cubre esta petición y esa necesidad, a la larga el sector se llenará de regulación. “El Estado debe asumir gran parte de las soluciones que mitiguen esta problemática social de la discapacidad. El meollo del asunto es que el Gobierno tiene que hacer su parte de dar una cobertura; además, se tiene que generar más información. Por otra parte, el sector asegurador debe atender un área de mercado que realmente necesita una cobertura y que no se ha ofrecido para esta población con necesidades especiales”, argumentó.
Al referirse al término discapacidad, la actuaria Dolores Armenta explicó que ésta es la condición física o mental en la que una persona no puede llevar a cabo con normalidad actividades consideradas básicas, como caminar, subir o bajar escaleras, ver, bañarse, vestirse o comer, entre otras, o tiene serias dificultades para realizarlas.
En este contexto, en los próximos años la discapacidad será un motivo de gran preocupación debido a que aumentará su prevalencia como consecuencia del envejecimiento de la población. Bien se sabe que el riesgo de discapacidad es superior entre las personas adultas mayores y que dicha condición también puede sobrevenir como efecto de enfermedades crónicas, como diabetes, padecimientos cardiovasculares, cáncer y trastornos de salud mental.
Al referirse al origen de los tipos de discapacidad más frecuentes en nuestro país y a la repercusión económica que esto tiene en la economía de los afectados, Dolores Armenta comentó que, en el caso de personas con 60 años o más, 52 por ciento de los casos se debe a edad avanzada y 38 por ciento a enfermedad. En el rango etario de entre 30 y 59 años, 52 por ciento de los casos se debe a enfermedad y 13 por ciento a accidentes. Finalmente, en menores de 30 años, 45 por ciento de los casos se originó por problemas de nacimiento y 30 por ciento por enfermedad.
La actuaria Dolores Armenta expresó también que, “a pesar de que en gobiernos anteriores se trató de dar protección a la salud por medio del Seguro Popular y otros esquemas, 17 por ciento de las personas en esta condición no tiene ninguna cobertura, y 83 por ciento está afiliado a la Seguridad Social. Esto representa una preocupación grave para los legisladores, quienes afirman que todo individuo debe contar con alguna protección”.
Armenta añadió que, “de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 54.1 por ciento de los discapacitados se encontraba en condición de pobreza, proporción superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a escala nacional, que es de 46.2 por ciento. Además, un estudio realizado en México en 2002 detectó que los hogares donde había personas con limitaciones graves o moderadas para realizar sus actividades gastaron 97 por ciento más en atención ambulatoria que los hogares sin personas discapacitadas”.
Enfocando nuestra atención en la población con discapacidad, debemos preguntar: ¿en qué consisten las coberturas para este segmento de la sociedad y cuáles son las más comunes? Elizabeth Calderón comentó que las aseguradoras cubren los gastos médicos a sus asegurados cuando éstos sufren un accidente o enfermedad. Se garantiza atención médica, terapias rehabilitadoras y servicios médicos diversos, cuya naturaleza es favorecer la recuperación de la salud.
“Con este contexto a la vista, hoy se cuestionan muchas cosas acerca de cómo o por qué se publicó el decreto de reforma, el texto, la redacción tal como se plasmó y que no es lo que se esperaba.. Pero en su oportunidad nadie dijo nada. Cuando se publicó el decreto, sin duda hubo oportunidad de cuestionar algunas de las disposiciones si no estábamos de acuerdo y combatirlo.
“Al final, con la reforma de referencia, creo que todo el mundo quedó satisfecho en ese momento. Hoy por hoy, a la hora de diseñar el producto o beneficio, a todos nos hace ruido. Cuando empiezas a analizar los efectos de esta nueva medida, la gente involucrada reclama que el mandato haya quedado así, pero finalmente hay una línea muy delgada entre lo que verdaderamente se tiene que cubrir en un seguro de Gastos Médicos Mayores, ya que las necesidades médicas de estas personas son grandes, y muchas veces no hay una recuperación de la salud”.
“No hay duda de que las personas con discapacidad necesitan esta atención, pero no creemos que sea necesario que la tengan a partir de un contrato privado, cuando el Estado tiene mucho que hacer en eso”, criticó Elizabeth Calderón.
Finalmente, a la pregunta de si han sido discriminatorias las prácticas de selección de aseguramiento respecto a las personas con discapacidad, Dolores Armenta y Elizabeth Calderón respondieron: “Consideramos que no. Simplemente, la selección de riesgos en todo momento ha cuidado en principio la naturaleza del seguro como tal; es decir, el contrato de seguros cubre eventualidades. A partir de dicha esencia, el deber de las aseguradoras es suscribir riesgos, por supuesto, pero cuidando en todo momento la mutualidad con políticas sanas en el otorgamiento de las coberturas y observando las disposiciones previstas en la regulación”.