Porcentaje alarmante, datos comprometidos, y costos millonarios: la ciberseguridad en México enfrenta retos urgentes, ya que, según la Asociación Mexicana de Ciberseguridad, 67 por ciento de las empresas en el país sufrió incidentes de seguridad digital durante el último año, con pérdidas promedio de 2.5 millones de pesos por caso.
La amenaza no se limita a las empresas. Un informe de Cybersecurity Ventures 2024 destaca que en el mercado negro digital, los datos personales pueden ser vendidos por tan solo 20 pesos, lo que subraya tanto su valor comercial como los riesgos asociados a su manejo. En este contexto, los usuarios también se encuentran vulnerables: 60 por ciento de los mexicanos no utiliza contraseñas seguras, exponiéndose a ciberataques y al robo de información sensible.
Asimismo, la falta de preparación de las organizaciones intensifica el problema, ya que solo 35 por ciento de las pequeñas y medianas empresas en el país cuenta con un plan formal de respuesta a incidentes de ciberseguridad, dejando a la mayoría de ellas expuestas a interrupciones operativas y pérdidas económicas.
“La ciberseguridad no solo es tecnología, también es estrategia, ética y la capacidad de generar confianza en un entorno interconectado”, afirmó la doctora Sheila Reyes Guerrero, especialista de la Universidad Amerike. Según ella, formar profesionales en este ámbito requiere abordar no solo aspectos técnicos, sino también estrategias preventivas y soluciones integrales.
La información de Amerike revela que la protección de datos personales es un derecho fundamental en México, respaldado por un sólido marco normativo. Dos leyes principales rigen este ámbito: la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), enfocada en el sector privado, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), que regula instituciones públicas.
Ambas normativas buscan garantizar la privacidad en un entorno digital cada vez más complejo, promoviendo herramientas como los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) para empoderar a los ciudadanos en el manejo de su información.
Los datos personales, descritos como el “nuevo petróleo digital”, abarcan desde nombres y direcciones hasta información financiera, convirtiéndose en objetivos codiciados para fraudes y robo de identidad. “La protección de la información es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, empresas y gobiernos. La educación es nuestra primera línea de defensa”, enfatizó Reyes Guerrero.
En el panorama digital actual, las amenazas más comunes incluyen Phishing (correos fraudulentos diseñados para robar información), fugas de datos (brechas que exponen información sensible) y malware (software malicioso que roba datos o daña sistemas).
En este sentido, protegerse ante estos riesgos implica adoptar prácticas sencillas pero cruciales, como:
– Usar contraseñas robustas con combinaciones de letras, números y símbolos.
– Actualizar software regularmente para evitar vulnerabilidades.
– Implementar autenticación en dos pasos como capa extra de seguridad.
– Limitar la exposición de información personal en redes sociales.
– Mantenerse alerta ante enlaces o remitentes sospechosos.