Frente al incuestionable avance del COVID-19 en México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso este miércoles una serie de medidas al Gobierno Federal de rápida acción e instrumentación; de modo que se evite la disminución drástica de la inversión, se apoye a las pequeñas y medianas empresas y se logre preservar el empleo.
A través de un comunicado, el CCE aclaró que el plan que sugiere a la Administración Federal apunta a mantener la salud, la seguridad y el bienestar económico de los ciudadanos.
El CCE considera vital que en México se asegure la liquidez al mercado interno, se estimule el consumo privado, se facilite la inversión privada, se eleve el consumo e inversión del sector público y se proyecten señales positivas a los mercados internacionales.
Mediante la postura anteriormente descrita, amplía el CCE, se podrá fortalecer la economía de México, de manera que se pueda sortear la crisis provocada por la expansión del COVID-19.
Por último y ante la coyuntura económica y sanitaria que experimenta el país, el CCE enumeró 10 claves adicionales que ayudarían a las empresas de todos los tamaños y rubros a mitigar los estragos del COVID-19, en lo que se refiere a rentabilidad:
- Asegurar la liquidez en el mercado financiero.
- Mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Sin embargo, en este momento de retos inéditos, el Gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1 por ciento del Producto Interno Bruto de superávit primario.
- Fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el Sector Privado y el Gobierno y anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético.
- Establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realizaron sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio de 2020.
- Preservar el empleo. En los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales.
- Respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho.
- Acelerar los pagos pendientes a proveedores de CFE y Pemex.
- Apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas y restaurar la compensación universal.
- Conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el Gobierno para analizar el impacto financiero del COVID-19, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.
- Activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados.