Tanto la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) como la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías (AMIG) acaban de realizar ejercicios de planeación estratégica, y no sólo con la vista puesta en el año 2019, sino en los siguientes, un periodo que, como quiera que sea, presenta signos de incertidumbre: nadie sabe a ciencia cierta cómo desplegará su actividad el nuevo Gobierno Federal, y también inquietan algunas ideas que, con base en el tema de la “austeridad”, podrían convertirse en un desafío para los sectores asegurador y afianzador.
De entrada, en lo que se refiere a seguros, la medida de suspender la contratación de pólizas de Vida, Gastos Médicos y Retiro Individualizado significará no solo un decrecimiento en la participación de esta industria en el Producto Interno Bruto (PIB), el cual ha oscilado alrededor de 2.2 por ciento, sino también una devolución de recursos, todo lo cual podría dar al traste con cierta estabilidad que hasta cierto punto venía revelándose como una forma de equilibrio que, por otro lado, tiene la virtud de mantener las cosas casi inamovibles.
En el caso de las garantías, las cosas no lucen diferentes en cuanto al ambiente incierto que las envuelve, de manera particular a las fianzas, instrumento que ha sido cuestionado unas veces sí y otras también tanto por desconocimiento de la forma en la cual opera como por haberse registrado casos en los cuales hacerlas válidas ha requerido toda una gama de recursos legales y hasta políticos para que funcionaran conforme a lo que se esperaba… Y habrá que ver qué ocurre cuando todas las compañías pasen de ser afianzadoras a ser aseguradoras.
No conocemos aún el verdadero fondo de la política social que el nuevo gobierno aplicará en la práctica, ni los fines de mediano y largo plazo, pero lo que se dice en algunas instancias es que tanto empresas de seguros como de fianzas contienen una oferta que es igualmente social, si bien tal virtud no se da solo en estos instrumentos financieros, sino en toda empresa que al operar busca utilidades a través del aprovechamiento del talento humano, a la vez que le ofrece al público productos y servicios que benefician a la sociedad.
No obstante, aceptando que se trata de mecanismos de protección que parten de una base en la que el crecimiento, la solvencia y la rentabilidad dependen de la capacidad y del alcance de los servicios ofrecidos, y que éstos sirven en muchas ocasiones para garantizar o financiar grandes proyectos nacionales, podría esperarse —cabría imaginarlo, por lo menos— que pudieran ser objeto de un reconocimiento y un tratamiento que les permita desempeñarse a la altura no solo de las necesidades de los usuarios, sino del propio Gobierno.
No obstante, las cosas no parecen tan fáciles, por más que existan aquellos que esperan que el estado que guardan hoy las condiciones económicas, políticas y sociales —con énfasis especial en lo jurídico— no cambie, lo que entraña, sobre todo, un reto para las aseguradoras locales, ya que tanto compañías filiales de empresas del exterior como firmas enclavadas en el ámbito del reaseguro se dicen acostumbradas a manejarse en un entorno mutable y solo buscan adaptarse a las circunstancias, numerosas y variadas.
Por lo pronto, entre las compañías primeramente afectadas si la decisión del nuevo gobierno se cumple están MetLife y Grupo Nacional Provincial, tal como en un estudio apunta Standard & Poor´s. Estamos hablando de una empresa de capital extranjero y otra de capital local, entidades que, por circunstancias muy particulares, se han disputado los negocios de Gobierno. Los efectos de la medida anunciada ya han comenzado a sentirse, sin duda, pues ya se trabaja en algunas medidas para evitar impactos excesivos.
Aseguradoras y afianzadoras están, entonces, en un momento crucial y en un contexto en el que, aun desconociéndose la profundidad del impacto de las medidas anunciadas por el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, a nivel sectorial las instituciones del seguro y de las garantías deberán encontrar los caminos adecuados para responder a las nuevas condiciones, a la par que anticiparse, en lo que sea posible, a escenarios cada vez más estrechos: si algo se observa nítidamente en el horizonte, es un clima poco predecible.
Hoy más que nunca es imprescindible darle seguimiento a la invitación que en su momento les hizo el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo Conover, a las asociaciones de profesionales que existen alrededor del seguro y de la fianza. Esa solidaridad es conveniente no solo para mejorar la especialidad de que se trate, sino, sobre todo, para cerrar filas en torno de ese “algo” que por ahora es causa de incertidumbre pero que de manera paulatina irá manifestándose con una serie de consecuencias que hay que vislumbrar y tratar de manejar.
Es indudable que hay que seguir vendiendo, y hacerlo muy bien; pero es menester trabajar en aquellos ambientes en los cuales se han de tomar decisiones. Es indudable también que las leyes están ahí, como resultado de muchos años de trabajo, y vigentes después de un largo periodo de discusiones y diferencias, pero la verdad es que no se sabe cuán vulnerables llegarán a quedar debido a la composición de las cámaras; aunque es muy cierto que modificar la Carta Magna requiere un porcentaje que para empezar no existirá. Pero con la ley que rige seguros y fianzas las cosas suceden de diferente manera, y en ello estriba la preocupación.
¿Serán capaces de unirse los sectores de seguros y de fianzas en temas fundamentales, o se enfrascarán en una lucha sin importar caiga quien caiga? ¿Qué tanto pesará el proyecto de luchar por la implantación de una política pública en materia de administración de riesgos, cuando los signos no parecen hoy alentadores? ¿Se tendrá el carácter suficiente para hacerles frente a los retos que planteen los escenarios que habrán de caracterizar al país en los tiempos venideros?