En las últimas emisiones del programa Se Dice… del 2021, que transmiten Genuario Rojas Mendoza y César Rojas Rojas por las plataformas de El Asegurador los lunes de cada semana, se mencionó la necesidad de contar con presencia aseguradora en el Congreso de la Unión para encauzar las peticiones (algunas francamente descabelladas) de varios legisladores, quienes, luciendo su absoluta ignorancia en el tema, fijaron posturas insostenibles en sus pretensiones.
Pensar en “aseguradores políticos” no es lo mismo que definir las “políticas aseguradoras”, aunque ambos van de la mano al momento de operar. Las aseguradoras se rigen por un ordenamiento federal, recién modificado en 2013, que fortaleció la exigencia en los índices de solvencia para la cobertura de las obligaciones contraídas. Precisamente en ese ejercicio de fondeo puede centrarse la explicación que se ofrezca sobre el funcionamiento de una aseguradora a quienes crean leyes para un sector que desconocen.
Una muestra de ello es el malogrado SUVA, que pretendió implementarse en el ocaso del siglo 20 y que terminó siendo desechado por el ingeniero Cárdenas durante su administración en Ciudad de México. Luego, los esfuerzos por hacer obligatoria la cobertura de daños a terceros quedó en un discreto intento al exigir su contratación sólo para vías federales, además de que su cuantía es, cuando menos, insuficiente para pagar los daños originados a terceros en dichas vialidades. Finalmente, la modificación de la cuantía que se debe pagar por privar a otro de la vida en un accidente de tránsito, referida a la Ley Federal del Trabajo, es totalmente incompatible con la suma asegurada establecida para el seguro obligatorio mencionado.
El reto que enfrenta el sector se centra en la falta de cultura de la población en materia de previsión. Los intentos de políticos al legislar quedan en auténticos engendros jurídicos cuya aplicación se traduce en negociaciones con los deudos cuando un asegurado es protagonista de un homicidio imprudencial y el abogado busca obtener el perdón pagando cantidades inferiores a las marcadas por ordenamientos vigentes cuya letra es desconocida por los afectados.
Esta columna se suma a la petición de contar con presencia en el Congreso y de elevar con insistencia y claridad las peticiones que históricamente se han formulado al Legislativo. En esa tribuna están representados petroleros, maestros, electricistas, obreros, tianguistas, artistas, población indígena y los múltiples intereses de todas las ideologías que conviven (o pretenden convivir) en sociedad. Pero no estamos los aseguradores… Tal vez pertenecer a la clase política sea poco atractivo para los empresarios y asesores del sector asegurador; pero, ante la evidencia de lo declarado en tribuna, es urgente estructurar un plan que nos incluya en ese órgano político nacional.
Pedir en tribuna que se regulen las tarifas de los seguros médicos y en otra intervención propugnar la inclusión y no discriminación de personas que representan un riesgo específico es la evidencia de que a los legisladores les falta, cuando menos, información elemental para comprender cómo funciona una aseguradora. La inquietud, sin embargo, no obedece a un interés genuino por proteger a la ciudadanía, sino que se originó quizá en una experiencia personal por la que pasaron para que emergiera la intención de regular un sector del que han recibido beneficios directos por medio de los seguros que se contratan para ellos con dinero de los contribuyentes.
Y, nuevamente, es indispensable referir que el solo hecho de que vivan a expensas de los contribuyentes debería ser suficiente para que comprendieran el principio de una mutualidad. Los ciudadanos contribuimos con impuestos para mantener su ingreso y prestaciones. Ellos son “siniestros permanentes” que se benefician con el pago de sufridos contribuyentes que muy pocas veces tenemos la posibilidad de recibir beneficios tangibles de la gestión legislativa, ni mucho menos la tranquilidad de que con semejantes personajes se está a resguardo de oscuros intereses que sólo buscan lucrar con el voto en tiempos electorales.
Desde hace décadas se encuentra la iniciativa de incluir en el predial un seguro catastrófico para viviendas, sin que hasta este momento haya logrado prosperar tal propuesta. La obligación de asegurar el auto no ha movido a siete de cada 10 propietarios a hacerlo. Los seguros de viajero para transporte de pasajeros raras veces se activan cuando esos deplorables automotores protagonizan accidentes que lesionan o quitan la vida a los usuarios, lo que hace patente que circulan sin cumplir la obligación de tenerlos.
La autoridad podría fácilmente montar retenes de revisión de documentos en todas las vialidades del país para no dejar circular el vehículo hasta que presente la póliza y comprobante de pago. No hacerlo así deja sin cumplimiento la obligación, pero también sin castigo. Al tener un accidente de tránsito, siete de cada 10 autos tendrán que enfrentarlo sin cobertura, y sólo tres podrán hacer tangible el beneficio de un seguro cuya contratación fue una obligación que cívicamente se cumplió.
Proponer y apoyar estas posturas es imposible con personajes cuya agenda es absolutamente ajena a la percepción de un riesgo que afecta a la población, no a ellos. Sin embargo, cuando una aseguradora en uso de sus facultades, del derecho que la asiste y de sus posibilidades técnicas les niega una petición, el pago de un siniestro o la solicitud de cobertura a alguien cercano, súbitamente encienden sus efluvios internos para enviarlos a un cerebro que sólo procesa acusaciones y amenazas de regulaciones inviables a empresas que deben ser solventes per se y se rigen por el estudio y valoraciones de riesgos.
Al sector le vendría muy bien contar con varios aseguradores cuyo enrolamiento en la política esté motivado por el afán de promover la cultura de previsión, no por agradar a nadie ni por favorecer las agendas de partidos y gobernantes cuyos objetivos serán muchos, pero pocas, muy pocas veces promover la previsión como política pública para bienestar de la población. Afiliarse a un partido político que defiende derechos ciudadanos elementales ha sido la puerta de entrada para legisladores que, ya dentro, renuncian a ellos y prefieren la independencia, lo que evidencia las formas de acceder a esas instancias para luego deslindarse de un credo e ideología con la que supuestamente se identificaron al afiliarse.
Un asegurador en el Congreso puede cabildear lo que interesa al sector con más fuerza que las peticiones que, recurrentemente, se han formulado para legislar los seguros obligatorios a vehículos y riesgos catastróficos naturales que puedan dañar el patrimonio de las familias. Los logros del esfuerzo realizado por el sector para empujar los seguros obligatorios quedan relegados ante los verdaderos intereses de los legisladores. En las cámaras se antepone la agenda partidista y política, no la del beneficio a la población. Talento y capacidad sobran en nuestro sector. Capacidad de negociación con empresarios es la especialidad de un sector que habita y forma parte de ellos. Sólo falta esa decisión de postular, de entre las nutridas filas aseguradoras, a personas que cumplan con el perfil idóneo para resistir los embates de la vida política y a sus depredadores.Quien acepte ese encargo será reconocido como un asegurador político que ayudó a impulsar y agilizar las políticas aseguradoras de beneficio hacia la población.