Mafalda, el inolvidable personaje de Quino, acude a la cerrajería del barrio y solicita la llave de la felicidad. El cerrajero le dice que con mucho gusto. “¿Me das el modelo, pequeña?”, le solicita a Mafalda. La niña sale de la cerrajería, obviamente sin la llave solicitada. “Astuto viejito”, concluye desconcertada.
Es clara la necesidad de plantear objetivos de crecimiento y distribución de la riqueza para alejarnos lo más posible del neoliberalismo depredador de locomotora de grandes empresarios que jalan los vagones del progreso nacional, obviamente con una módica comisión; y también del populismo dadivoso de reparte ahora y paga después.
¿Qué camino indica el sentido común? Adiós a fórmulas mágicas, exitosas en otros países. Si en México ocurrió un temblor el 19 de septiembre en tres años distintos, la causalidad que explica la increíble coincidencia tal vez nos indique que es momento de intentarlo por nuestra cuenta, sin la ayuda de ejemplos extranjeros a cuya redondez no hemos sabido encontrarle la cuadratura.
El sentido común, entonces, nos indica que debemos crecer a una tasa superior a la del crecimiento de la población, la cual es del 1 por ciento. También nos señala la importancia de mejorar la distribución del ingreso, pues hacer caso omiso de la evidente desigualdad, condenando a quienes no tienen nada a darse cuenta de que tampoco tienen nada que perder si toman medidas drásticas que vayan en contra de la paz social, es una opción harto discutible, a pesar de las voces que claman por que cada quien se rasque con sus uñas, voces que no toman en cuenta que no todos parten de la misma línea de salida.
Evitar que la inflación aumente por arriba del 5 por ciento debe ser también un objetivo primordial. La inflación es el impuesto más injusto para quienes viven al día, sin activos que los protejan de un aumento generalizado de precios.
¿Cuál es entonces el planteamiento para enderezar el barco?
Primer punto: crecer un 2.4 por ciento anual. ¿Y de dónde salió esa tasa? Pues del promedio de crecimiento de la economía mexicana de los últimos 20 años.
No es necesario jugar al aprendiz de brujo con medidas ortodoxas o heterodoxas de estímulo. Es suficiente con establecer y realizar los pasos de implantación de un estado de derecho que otorgue a los agentes económicos, locales y extranjeros, la certidumbre del respeto a sus derechos de propiedad y también a los derechos plasmados en los contratos que se celebren de acuerdo con las leyes mexicanas vigentes, sin retroactividades ni cambio de señales.
Hablar de estado de derecho es mucho más que discurrir sobre un concepto repetido y después hecho a un lado mil veces por gobernantes sucesivos. Es indispensable plantear metas de mejora en aspectos específicos para poder hablar de avances en la implantación de un estado de derecho que propicie el desarrollo del país.
En los resultados del ejercicio evaluativo realizado por funcionarios del World Justice Project, una organización internacional de la sociedad civil sin fines de lucro que declara tener la misión de trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo, México aparece en el lugar 104 de un total de 128 países. Para elaborar la clasificación, el World Justice Project realizó 130,000 encuestas a la población en general y aplicó 4,000 cuestionarios a expertos en justicia.
En las alturas están los escandinavos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega (ya me están cayendo gordos: siempre los mejores), con un índice de alrededor del 0.9; y en el otro extremo (mal de muchos no es consuelo de tontos) están Afganistán, Bolivia, Camboya, Congo y Egipto, apenas abajo del 0.4. Nosotros, con 0.44 estamos, pues, al final de la lista.
Para obtener el ranking global, se consideran varios factores. A continuación, el resultado de cada uno.
En el factor “Límites al poder gubernamental” se mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley. Incluye los mecanismos constitucionales e institucionales que limitan a los funcionarios y agentes del Gobierno y que los obligan a rendir cuentas. También incluye los controles no gubernamentales, como una prensa libre e independiente. No es difícil imaginar la posición de México después de comprender el concepto: estamos en el lugar 89 de 128. De pena, pero viene lo peor.
El factor “Ausencia de corrupción en el Gobierno” toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Se analiza la corrupción en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en la Policía y el Ejército. Quisiera no decepcionarlos más, pero el índice es incorruptible: lugar 121 de 128. “¡No estamos en último lugar!”, podría exclamar algún optimista. Cierto: Kenia, Madagascar, Bolivia, Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo son más corruptos que México. Los restantes 120 países, es decir, prácticamente todos, son menos corruptos. Traigan unas bolsas de papel de estraza, que les haremos unos hoyos para poder ver sin ser vistos cuando nos las coloquemos en la cabeza.
El factor “Apertura del Gobierno” valora si éste publica información, empodera a las personas con herramientas para exigir rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este factor mide si las leyes y la información acerca de derechos legales están disponibles públicamente, así como la calidad de la información proporcionada por el Gobierno. Sorprendentemente, estamos en el lugar 36 de 128. La mala noticia es que los avances conquistados antes de este sexenio están en franco retroceso.
El factor “Respeto a los derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional” nos muestra que México ocupa un lugar casi decente, considerando los factores anteriores. Estamos en el lugar 78 de 128. Debajo de media tabla, pero no tan abajo. Este factor se centra en una lista de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que están intrínsecamente relacionados con el estado de derecho, como trato igualitario y ausencia de discriminación; garantía de respeto al derecho a la vida y la seguridad de las personas; debido proceso legal y los derechos de los acusados; garantía de respeto al derecho a la libertad de opinión y expresión; garantía de respeto al derecho a la libertad religiosa y de culto; garantía de respeto al derecho a la privacidad; garantía de respeto al derecho a la libertad de asamblea y asociación; y garantía de respeto a los derechos laborales. Juzguen ustedes por sí mismos.
El siguiente factor es “Garantía de seguridad para las personas”. La seguridad es una función fundamental del Estado y la característica principal de una sociedad que se rige por el estado de derecho. También es una condición para la realización de derechos y libertades que el estado de derecho promueve. Con mucha pena (estoy seguro de que ustedes también lo lamentan) debo decir que estamos en el lugar 121 de 128, sólo arriba de Venezuela y de algunos países africanos casi en guerra. Una desgracia.
El factor “Justicia civil” evalúa si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva por medio del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles, asequibles y si están libres de corrupción, discriminación e influencias indebidas por parte de los funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin retrasos que no sean razonables y si las decisiones se aplican de manera efectiva. Finalmente, mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de solución de disputas. Estoy seguro de que pensaron que México estaría en un lugar entre el 120 y el 128. Casi. Estamos un poco más arriba, en el lugar 116. Lo que pasa es que dos hermanos centroamericanos, Guatemala y Nicaragua, así como Birmania y Pakistán, que no habían aparecido tan abajo, lo mismo que Mauritania, en África, nos permitieron separarnos un poco, muy poco, del fondo de la clasificación.
El factor “Justicia penal” evalúa el sistema de cada país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del estado de derecho, pues es el mecanismo para reparar agravios y emprender acciones contra los individuos que han cometido delitos contra la sociedad. Este factor considera a la Policía, defensores, fiscales, jueces y personal penitenciario. Similar clasificación que en el rubro anterior, aunque en éste estamos todavía más abajo, en el lugar 119. Guatemala está mejor, pero Honduras llegó al rescate.
México es un país con muchas bellezas naturales, comida variada y deliciosa, gente hospitalaria y amable y familias unidas. Sin embargo, estamos expuestos todos los días a incidentes que, combinados con corrupción, inseguridad y ausencia de un sistema eficaz de justicia, pueden llevarnos al infierno en un abrir y cerrar de ojos.
Antonio Contreras tiene más de 25 años de experiencia en el sector asegurador mexicano. Su correo es acontrerasberumen@hotmail.com