Debido a la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19 y a la falta de un plan de continuidad de negocio, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, han tenido que cerrar operaciones. En el caso de las corporaciones grandes, éstas resienten una baja considerable en sus ventas, lo que repercute principalmente en dos aspectos: no llegar a las metas planteadas para el presente año y despedir personal, afirmó Miguel Rosas, subdirector de Marsh Risk Consulting en Marsh México, en entrevista para El Asegurador.
Rosas indicó que en México una cantidad grande de empresas se encuentra en el proceso de adaptarse a la llamada nueva normalidad y que este escenario se está viviendo en todo el mundo, pues el desafío no hace distinciones entre las compañías locales y las firmas globales que tienen operaciones en este país.
El colaborador de Marsh Risk Consulting agregó que las empresas han tenido que realizar inversiones no previstas para cumplir con las regulaciones sanitarias y ganarse la confianza de los clientes. En pocas palabras, desde su perspectiva, los negocios buscan subsistir en un clima económicamente hostil y, por supuesto, tratan de no quedar a la zaga de sus competidores.
Rosas habló de las ventajas que favorecieron a las compañías que sí contaban con un plan de continuidad de negocio remarcando que el tiempo se ha convertido en uno de los principales factores que hay detrás de un plan de continuidad eficientemente implementado. Esto obedece a que el tiempo de respuesta ante los clientes representa una operación más eficaz y confiable.
No obstante, Rosas observó que, aunque las empresas hubieran planeado implementar un plan de continuidad de negocio, muy pocas habrían tenido en cuenta un escenario provocado por el riesgo de pandemia con una duración tan prolongada como la actual. Explicó que la mayoría de los planes buscan regresar a la operación normal en un periodo que no sea excesivamente largo.
En tal sentido, el subdirector de Marsh Risk Consulting expresó que otro de los grandes retos para las organizaciones que apostaron por un plan de continuidad de negocio en México será lograr la utilidad operativa prevista en el corto plazo. Añadió que para el mediano y largo plazo se deberá buscar la actualización de los planes de contingencia poniendo especial atención en un análisis de riesgos más preciso.
Al preguntarle sobre qué medidas o iniciativas deberían impulsar el sector asegurador y el Gobierno para promover las coberturas de continuidad de negocio en un entorno con riesgos cada vez más frecuentes y severos, Miguel Rosas subrayó que en algunos países las empresas están obligadas por decreto a contar con al menos un listado de los riesgos a los que están expuestas.
“Si bien sería muy drástico pensar en obligar a las empresas a desarrollar un plan de continuidad, tal vez algún beneficio tributario podría incentivarlas a empezar a desarrollar estrategias de esta naturaleza. Con ello se aseguraría la preservación de muchos empleos ante un escenario como el que vivimos actualmente con la COVID-19”, matizó el entrevistado.
Rosas también dijo que por el momento es complicado estimar o determinar un costo derivado de la afectación por la COVID-19 en el país, y especialmente en las compañías que pararon sus actividades por dicha contingencia y que carecían de un instrumento de protección como los planes de continuidad de negocio.
“Como es lógico en estos casos, hay industrias que resultaron más afectadas que otras. Desafortunadamente, entre las más golpeadas aquí destacan el sector de la construcción, la producción automotriz y la actividad restaurantera. Contar con un plan de continuidad de negocio es esencial para cualquier empresa, por simple instinto de prevención; sin embargo, en la mayoría de los casos las organizaciones empiezan a desarrollarlo una vez que ya sufrieron interrupciones”, finalizó Miguel Rosas.