México enfrenta un rápido proceso de envejecimiento de la población, con un mercado laboral altamente informal que hace difícil acumular los recursos necesarios para que el sistema de pensiones instrumentado sea sostenible en los próximos años. Por si esto fuera poco, las personas que tienen derecho a una pensión gozan de una de las tasas de sustitución más bajas del orbe.
La anterior afirmación se desprende del estudio Las pensiones en el mundo. Retos y tendencias de futuro, elaborado por EAE Business School, el cual advierte que la baja participación laboral y la reducida proporción de trabajadores que realizan cotizaciones (apenas 37 por ciento) no hacen más que empeorar el incuestionable problema pensionario que acusa México.
El análisis cita que con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la tasa neta de sustitución en México es de apenas 28.6 por ciento para la pensión pública y privada de contribución obligatoria y alcanza el 49.9 por ciento cuando se complementa con planes de pensiones voluntarios. Dicho contexto, apunta, conlleva a que el valor de los fondos acumulados por el trabajador para su pensión, equivalgan apenas a 4.8 veces del salario anual que devengó durante su vida productiva.
El diagnóstico de la EAE Business School puntualiza que la seguridad social está muy fragmentada en México, sin perder de vista que no existe una única entidad nacional que pueda tomar decisiones a futuro, en lo que respecta a la reforma del sistema de pensiones.
“La Seguridad Social se encuentra articulada a través de un sinfín de entidades, que ofrecen numerosos esquemas previsionales. De hecho, existen más de 1,000 programas que no están interconectados entre sí y que otorgan una amalgama diversa de prestaciones y beneficios, lo que hace difícil la equidad inter e intra-generacional”, señala el estudio.
Empleadores al rescate
La investigación reconoce que a la vista de los retos que presenta el sistema de pensiones de México, durante 2020 se llevó a cabo una propuesta de reforma a la plataforma de ahorro y retiro que podría entrar en vigor en 2021.
De acuerdo con la investigación, dicha iniciativa mejoraría la suficiencia, cobertura y sostenibilidad del sistema mediante un incremento en las cotizaciones sociales, tanto de los empresarios, trabajadores y gobierno, al pasar del 6.5 por ciento hasta 15 por ciento a lo largo de los próximos 11 años.
A pesar de aplaudir la medida, el EAE Business School advierte que no se debe obviar que en el marco de la reforma de pensiones, el aumento en las aportaciones irá básicamente a cargo del empleador, el cual tendrá que asumir hasta el 13.87 por ciento del monto propuesto. En contraposición, el diagnóstico subraya que los cambios que registrará la plataforma pensionaria permitirá que el acceso a la pensión mínima se haga con una actividad laboral de 750 semanas (14.4 años de vida laboral).
Por último, el análisis indica que cada vez hay más países que reforman sus sistemas de pensiones basándose en esquemas mixtos público-privados, donde el Estado tiene menor grado de financiación a costa del sector privado. Por esa razón, concluye, el empresariado deberá ser quien marque la diferencia entre las pensiones cobradas por los jubilados de la misma generación, mientras que el Estado tendrá que proporcionar una pensión básica a todos los ciudadanos, de tal suerte que puedan alcanzar un nivel de vida digno durante la vejez.