La crisis desatada por la COVID-19 puso de manifiesto el catastrófico déficit de protección social que acusan los países en vías de desarrollo. Por tanto, es indispensable que en estas naciones se instrumenten medidas especiales que permitan la creación de plataformas que brinden servicios médicos de calidad y que, sobre todo, sean integrales, afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según una reseña informativa del organismo, los déficits actuales de protección social que acusan los países emergentes podrían comprometer sus planes de recuperación frente a la actual crisis económica, sin perder de vista que exponen a millones de personas al riesgo de pobreza.
“Aunque el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus repercusiones son sumamente desiguales”, puntualiza la investigación de la OIT, al tiempo que añade que el acceso a una atención de salud asequible y de calidad es ahora “una cuestión de vida o muerte”.
El análisis de la organización exhorta a los encargados de la formulación de políticas a evitar centrar toda su atención en la COVID-19, ya que dicha decisión reduciría la disponibilidad de los sistemas de salud para responder a otras afecciones que causan la muerte de miles de personas diariamente.
Por último, la OIT hace énfasis en su diagnóstico en que 55 por ciento de la población mundial – 4,000 millones de personas– carecen de seguro social y de asistencia social. Además, advierte que solo 20 por ciento de las personas desempleadas en el orbe tiene derecho a una prestación de desempleo, y en algunos lugares del planeta la cobertura es incluso inferior.