Las manifestaciones de orden público que recientemente sacudieron a Chile ocasionaron que muchos de los seguros que cubrían los daños materiales en inmuebles y sus contenidos experimentaran inconvenientes en el momento de la reclamación, debido a cláusulas confusas y ambigüedades en los contratos; por ese motivo, sería recomendable revisar las definiciones, exclusiones y limitaciones de las coberturas asociadas a riesgos políticos, de manera que el asegurado no quede a la deriva frente a un polvorín social que es cada vez más frecuente, severo y que se extiende por todos los países de América Latina.
El anterior planteamiento corresponde a Sebastián Mardones, gerente del área legal y corporativa del Estudio Jurídico Goñi & Cía, durante una plática que ofreció en conjunto con Aarón Martínez Marchant, gerente técnico en SGC Ajustadores, denominada La violencia social en Chile y sus efectos en seguros, que fue parte del programa académico de las XVII Jornadas de Seguro y Reaseguro 2020, que organizó Swiss Re.
Mardones señaló que el sector asegurador latinoamericano acusa un importante grado de imprecisión respecto a cómo se entienden los riesgos políticos y sociales, una situación que, según dijo, ha provocado que en algunos casos no se atiendan con agilidad las reclamaciones por daños causados por conmoción civil o tumulto popular.
“Respecto a los conceptos y definiciones que se utilizan en las coberturas asociadas a determinados riesgos políticos y sociales, es incuestionable que existe un grado de impresión importante. Todo esto ocurre porque se trata, en suma, de situaciones y circunstancias que son difíciles de determinar; sin embargo, lo que debe prevalecer en el proceso de reclamación, más allá de la complejidad de los eventos, es el sentido común en la labor de ajuste”, explicó Mardones.
Mardones detalló que en Chile la responsabilidad de analizar las definiciones, exclusiones y limitaciones de las coberturas recae sobre los ajustadores, tal como sucede en la industria aseguradora mexicana. En tal sentido, subrayó que en aras de una mayor transparencia en la labor de ajuste, y frente a la posibilidad de que la naturaleza violenta de los disturbios se repita en otros países de América Latina, el profesional del peritaje está obligado a laborar bajo un estricto marco técnico que fundamente su actuación y procedimientos.
El experto en derecho apuntó que, pese a las múltiples controversias derivadas de las reclamaciones que generaron las protestas vividas en el país sudamericano, han sido pocos los casos que produjeran un litigio serio entre los usuarios y las aseguradoras.
Un evento catastrófico y de costo millonario
Por su parte, Martínez Marchant recordó que las protestas que pusieron en jaque al gobierno que preside Sebastián Piñera tuvieron como origen el rechazo al incremento del pasaje del metro de Santiago (aumento de 3.75 por ciento) en las horas pico. Detalló que, pese a que dicha medida fue anulada, las manifestaciones se radicalizaron en la capital, norte y sur de este país, al punto de que el jefe de Estado se vio obligado a decretar el estado de emergencia.
Las violentas protestas, prosiguió Martínez Marchant, provocaron que cientos de miles salieran a las calles del país andino. Entre los daños más significativos destaca el incendio del edificio de la compañía Enel, originaria de Italia y encargada de distribuir la energía eléctrica. También centenares de comercios pertenecientes a la pequeña y mediana empresa, agencias de autos nuevos, farmacias, cadenas de supermercados y sucursales bancarias sufrieron afectaciones. Encima, afirmó, más de 100 estaciones pertenecientes al ferrocarril metropolitano quedaron fuera de operación por los actos vandálicos.
El directivo de SGC Ajustadores especificó que el estallido social en Chile generó pérdidas millonarias para la industria aseguradora de ese país. Indicó que los daños asegurados en el metro de Santiago ascienden a 380 millones de dólares; sin embargo, aclaró, las pólizas adquiridas por este sistema de transporte no brindan cobertura a las estaciones ni tampoco a los trenes en tránsito.
Martínez Marchant subrayó que las protestas en Chile generaron que más de 300,000 puestos de trabajo se perdieran. Declaró asimismo que la pequeña y mediana empresa de esa nación fue el segmento productivo más afectado. “Los microcomerciantes se vieron obligados a interrumpir su actividad, ya que corrían el riesgo de que les incendiaran sus locales o fueran víctimas de un saqueo”, amplió.
En concreto, Martínez Marchant informó que, producto de las protestas en Chile, las pérdidas aseguradas totales ascienden a 2,000 millones de dólares. Aseveró que han sido solventadas 7,500 reclamaciones y que el costo promedio de cada siniestro supera los 300,000 dólares.
Por último, Martínez Marchant afirmó que las protestas en Chile en la actualidad no han cesado; por lo tanto, se trata de un conflicto social en pleno desarrollo, lo que ha ocasionado, lamentó, que la imagen próspera de uno de los países con mayor crecimiento en América Latina se haya esfumado.
“Nadie se imaginó que este evento ocurriría. Es importante resaltar que las protestas continúan y todos los días algo nuevo se destruye, no solo en Santiago, sino también en otras regiones importantes, como Concepción, Valparaíso y Viña del Mar. Lo más lamentable es que un gran porcentaje de las pérdidas económicas serán indemnizadas por medio de impuestos que saldrán de los bolsillos de los ciudadanos”, finalizó Martínez Marchant.