Uno de los principales objetivos de la reforma fiscal estriba en la lucha contra la evasión de impuestos; por ello, las empresas —tanto nacionales como extranjeras— que forman parte del aparato productivo del país están obligadas a implementar o fortalecer un Gobierno Corporativo más estricto que se encargue de verificar la transparencia y cumplimiento hacendario de cada uno de sus proveedores de servicios.
Así lo externó Jaime Espinosa de los Monteros, socio de la firma de abogados fiscales Hogan Lovells, durante su participación en una mesa de discusión denominada “Reforma Fiscal 2020 en México”, en la que señaló que estos cambios generarán una mayor carga administrativa para las compañías, que tendrán que cubrir parte del trabajo de la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Las empresas en general deberán contar con un Gobierno Corporativo estricto que cuente con todas las herramientas necesarias que les permitan verificar cada servicio que reciban. Es necesario que puedan validar que durante una transacción no estén ayudando a esa empresa a evadir impuestos. En resumen, deberán hacer investigaciones exhaustivas con cada proveedor que desee realizar algún tipo de contrato u operación”, abundó Espinosa de los Monteros.
En tal sentido, el abogado fiscal subrayó que las empresas deberán asegurarse de que cada proveedor que les ofrezca sus servicios cuente con la infraestructura, los activos y los recursos humanos adecuados para la prestación de bienes o servicios.
“Es una realidad que las empresas siempre hacen sus investigaciones antes de firmar algún contrato u operación, pero con esta nueva reforma se debe ser más cuidadoso, porque cualquier equivocación puede ser considerada por la autoridad como delincuencia organizada, y esto acarrearía sanciones de mayor índole, incluso la suspensión del sello digital”, explicó el socio de la firma Hogan Lovells.
Por último, Espinosa de los Monteros afirmó que esta reforma fiscal tiene un trasfondo coercitivo penal que no generará mayor recaudación y que, según estimó, complicará la atracción de inversiones empresariales e incrementará los costos operativos al sector privado.
“Desde mi punto de vista, será determinante la forma en que se implemente la reforma. Ése es el reto más importante que tiene la autoridad, porque mientras no haya una ampliación de la base de contribuyentes no vamos a crecer como deberíamos, y seguiremos entre los países que menos recaudan impuestos de todos los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, cerró el abogado fiscal.